La Constitución económica

El Apruebo, todos lo saben, ganó sobe la base de dos engaños. El primero era la idea de que una nueva carta fundamental sería redactada por ‘el pueblo’, dejando a los políticos desprestigiados al margen de la configuración del nuevo orden institucional. Esta idea era absurda, primero porque jamás en la historia del mundo moderno una Constitución ha sido escrita por ‘el pueblo’ en lugar de expertos o delegados con todo tipo de problemas de representatividad y, segundo, porque la única forma de hacer una Constitución relativamente funcional es que la redacten expertos o políticos de trayectoria que algo entienden del tema. La gran paradoja constitucional es que finalmente el poder constituyente radica siempre en élites que lo ejercen mientras convencen al ‘pueblo’ de que es este el que realmente lo detenta. Pero la verdad es que la ficción denominada ‘pueblo’ a lo sumo vota – si es que se toma la molestia de ir a las urnas- por aprobar o rechazar un documento sobre cuya complejidad y contenido no entiende nada. 

Es lo que ocurrirá en Chile, donde –gracias a esa ‘mentira noble’, como la llamaría Platón— tal vez se pueda seguir adelante pretendiendo, como con las reformas de Lagos, que ahora sí se dio una Constitución democrática. El segundo engaño que llevó a una victoria del Apruebo fue la idea de que una nueva Constitución iba, mágicamente, a multiplicar los recursos para dar mejores pensiones y derechos sociales. Este fraude fue por supuesto alimentado por periodistas, intelectuales y políticos, todos quienes sabían que creaban expectativas imposibles de satisfacer sobre el proceso constituyente, pero a quienes no les importó, pues la excitación ideológica que les producía la idea de refundar el orden ‘neoliberal’ chileno superaba cualquier obligación de prudencia y responsabilidad. Como consecuencia de esto, será muy difícil evitar el populismo constitucional en la nueva carta, convertida desde antes de su concepción en el manantial del cual brotará a chorro lleno la riqueza colectiva, como diría Marx. Tampoco existe entre las voces más sensatas que postulan a la convención una clara determinación de ponerle freno normativo al afán demagógico de nuestra clase política. 

El consenso entre expertos de centroizquierda y de centroderecha – la verdad es que hoy son lo mismo- es que no debe consagrarse un modelo económico en la Constitución, dejando esto a la deliberación democrática. Esto lo dicen asumiendo que la actual Constitución sí establece un modelo económico, el ‘neoliberal’, que cargaría demasiado los dados hacia la visión de un sector político en desmedro del otro. Pero la verdad es que lo único que garantiza es que en Chile no pueda establecerse el socialismo, es decir, un monopolio estatal en la prestación de cuestiones como educación, salud o pensiones, además de garantizar la libertad sindical, el derecho de propiedad y normas básicas (e insuficientes) de disciplina fiscal. No hay ningún límite al tamaño del Estado en la actual carta fundamental y, de hecho, ha sido bajo esta Constitución que aquel lleva años creciendo más que el producto. Es también bajo esta Constitución que Chile ha entrado en una espiral insostenible de gasto fiscal y que ha hecho explotar la carga tributaria asfixiando al sector privado, lo cual llevó como consecuencia a una crisis social que a la vez fue, vaya ironía, la detonante para cambiar la Constitución por una que haga aun más fácil la irresponsabilidad de nuestros políticos.

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