Fiscalización y confianza

En un contexto político de desconfianza absoluta en la institucionalidad política, lo del SII no hace más que profundizar esa crisis. Mientras el caso a fiscalizar era sólo Penta, ministros y voceros del Gobierno salieron con fuerza a criticar el financiamiento irregular de las campañas políticas. Pero una vez destapado el caso SQM, donde de lado y lado resultaron salpicados, dichas voces prefirieron callar y entorpecer el quehacer de los llamados a velar por la fe pública. ¿Deben estar los organismos de fiscalización al servicio del establishment político? Por supuesto que no. Deben, en cumplimiento del principio de igualdad ante la ley, fiscalizarlos a todos por igual, sin miramientos de la militancia que haya tras el infractor. ¿Qué confianza podemos pedirles a los ciudadanos, si todo depende de quien tiene el poder en su mano?

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Las opiniones expresadas en la presente columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.

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