Fan club dictatorial

En una democracia es probable que existan “dictalovers”. Lo que no debe olvidar el resto de los ciudadanos es que lo contrario a una dictadura es un estado de Derecho, con límites legales establecidos para quienes ejercen o aspiran a detentar el poder político. Es eso lo que buscan principios constitucionales claves como el de juridicidad, responsabilidad, seguridad jurídica o la división de poderes. En otras palabras, nadie ni ninguna institución, cuerpo o grupo, ni siquiera una convención, pueden eternizarse en el poder ni aunque cuente con apoyo popular. Esto significa que en una democracia el poder político y el Estado no pertenecen a ninguna persona, grupo o clase, sin importar qué digan promover o defender.

En su uso moderno, la noción de dictadura se contrapone a democracia, entendiendo a esta última como un régimen donde no sólo hay elecciones periódicas, abiertas y competitivas, sino donde impera la certeza jurídica mediante el estado de Derecho. Es decir, donde el ejercicio del poder político tiene límites legales, espaciales y temporales, que resguardan las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Con ello se evitan las lógicas arbitrarias o facciosas del dictador, sus séquitos o adeptos, visibles en cualquier dictadura a lo largo de la historia reciente. Considerando esto, la pregunta que deben responder los pretendidos demócratas de la plaza, que incluso aspiran a gobernar, sean derechistas e izquierdistas, es si en serio rechazan todas las dictaduras o sólo aquellas que no coinciden con sus perspectivas ideológicas.

A diferencia de la dictadura comisaria romana, las dictaduras modernas implican la extensión de la excepcionalidad mediante movilizaciones de masas (ahí están los colectivos chavistas, las camisas pardas fascistas o los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba), leyes habilitantes, plebiscitos dudosos, subterfugios legales o arbitrariedades de todo tipo. A través de estos mecanismos, se instala la arbitrariedad y la violencia ejercida por parte de un caudillo, un partido o un grupo que se arroga la posesión del poder político y la soberanía sin mediar contrapesos legales o políticos.

Así, los dictadores no sólo desmontan los límites que les impone el plano jurídico y democrático, sino que buscan hacerse del control del plano económico y social de una sociedad. Algunas dictaduras logran esto en mayor medida que otras.

El problema respecto a las dictaduras es que, en general, cuando las personas evalúan tales regímenes lo hacen desde visiones utilitarias o ideológicamente sesgadas. Ahí aparecen los “dictalovers”. Ello explica la burda comparación numérica de muertos, presos políticos u otras cosas como eventuales avances materiales o la existencia de supuestos derechos sociales. Pocas veces, sin embargo, se analiza el principal problema de las dictaduras, sin importar su color o tendencia, que es el ejercicio del poder sin límites legales o fuera de todo marco ético. Es decir, olvidamos aquello que éticamente nos debería llevar a rechazar la idealización del poder arbitrario.

Por eso, el problema de las dictaduras no es un asunto de grados sino de principios, porque en términos estrictos, al estar basadas en la arbitrariedad del dictador, son impredecibles. Nadie sabe en realidad qué decisión tomará el dictador de turno, qué ley habilitante impulsará, dónde pondrá el foco de sus resquemores o a quién pondrá como su sucesor. Bajo una dictadura hay pocas instancias para impugnar al poder o protegerse de éste. Así, las personas quedan bajo el capricho personal del dictador y sus partidarios. Ello explica que hasta los adeptos de un régimen dictatorial puedan terminar exiliados, encarcelados o muertos cuando pierden la indulgencia del dictador o caen bajo la conspiración de algún esbirro. Por eso, si pudiéramos contrastar el relato de un perseguido político, en cualquier régimen dictatorial o autoritario, probablemente las vulneraciones a la privacidad, la libre expresión, la libertad de trabajo y otras libertades serían similares.

Para que una dictadura deje de serlo se hace necesario un complejo proceso de transición democrática que restablezca los límites al poder político, junto con el respeto a las libertades y derechos fundamentales que permiten el pluralismo político, la libertad de expresión y la libertad de asociación.

Si Nicolás Maduro llamara a un plebiscito en los próximos meses para evaluar su continuidad en el poder y en caso de perder eso implicara convocar a elecciones para elegir un nuevo presidente ¿eso haría de Maduro un demócrata de tomo y lomo? Probablemente diríamos que no, pues su ejercicio del poder no ha sido democrático en ningún caso. Tampoco diríamos que aquel hecho puntual haría democrático al régimen chavista.

Si los gerontocráticos oligarcas cubanos, después de casi 60 años, llamaran a elecciones abiertas y competitivas, permitiendo el surgimiento de otros partidos, poniendo en cuestión el artículo 5 de la constitución que hace del Partido Comunista Cubano “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado” ¿eso haría que todo el régimen castrista sea considerado democrático? Claramente no.

China es una dictadura que ha manifestado notables avances económicos y siendo la segunda economía más grande del mundo, sus inversiones son aceptadas en todo el globo. Pero, si el Partido Comunista Chino, que controla ese régimen con mano de hierro desde hace décadas, llamara a plebiscito para evaluar su continuidad en el poder y en caso de perder eso implicara llamar a elecciones abiertas y competitivas ¿eso haría del PC y de Xi Jinping un ejemplo de demócratas? Probablemente diríamos que no.

Cualquiera sea el caso, diríamos que no porque de alguna u otra forma sabemos que la mera existencia de elecciones o plebiscitos no hace democrático a un régimen político. El hecho de que un dictador sea presuntamente muy popular tampoco. Ni los buenos resultados sociales o económicos, ni la existencia de prestaciones gratuitas, hacen menos arbitraria a una dictadura. Aunque algunas tiendan a actuar menos tiránicamente sobre los individuos, siguen siendo dictaduras. Por eso, hay dictaduras totalitarias como lo fue la nazi o lo han sido las comunistas. También hay dictaduras genocidas y otras que reprimen sin llegar a ese nivel de barbarie.

La polémica en torno al caso de Nicaragua nos lleva a reflexionar respecto a dos problemas respecto a las dictaduras. El cómo una sociedad democrática evita caer en una dictadura y cómo salir de una dictadura. En relación con esto, el apoyo al régimen de Daniel Ortega por parte de partidos chilenos como el Partido Comunista, el Partido Igualdad, el Movimiento del Socialismo Allendista y la Izquierda Libertaria, algunos de los cuales están con la candidatura de Gabriel Boric, resulta problemático pues están validando abiertamente el asentamiento de una dictadura por vía electoral. Porque la elección viciada de Ortega, con los candidatos opositores presos, es eso. Lo peor es que estos partidos de izquierda pretenden decir que el simple hecho de existir un proceso electoral hace democrático al régimen de Ortega. Pero ya vimos que eso no es así.

Por otro lado, la explicación de José Antonio Kast para distinguir entre la dictadura chilena y la de Ortega aludiendo sólo a la elección de 1989 en Chile elude lo que sucedía, por ejemplo, durante el plebiscito del ’80, con los padrones electorales. Ese fue el momento de asentamiento dictatorial que establecía la prolongación del régimen. Es decir, los opositores carecían de garantías para poder impugnar al poder de Pinochet o de discutir abiertamente la propuesta constitucional, tal como Jorge Millas denunciaba al preguntarse ¿es, aún en ese caso, lícito que se promueva la confirmación en su cargo por ocho, y hasta 16 años más, de un gobernante sin las formas de un verdadero acto electoral?

En su intento de distinción entre dictaduras, Kast compara erróneamente dos procesos distintos. Y si bien el plebiscito, trazado en la propia Constitución de 1980, llevó a la transición a Chile, no se puede obviar que también podría haberse convertido en la extensión del poder dictatorial. No hay que olvidar que los dictadores modernos buscan ratificar su poder mediante mecanismos plebiscitarios y a veces lo logran. Eso es parte de la incertidumbre a la que someten a sus ciudadanos las dictaduras, sean del color que sean.

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Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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