El vía crucis de Chile

En Chile ya se hacen visibles dos dimensiones que no hacen auspicioso el futuro próximo. Por el lado político, se visualiza una creciente lógica asamblearia, reforzada por la instauración de una deliberada fragilidad de los límites constitucionales y una ampliación de las instancias burocráticas. Por el lado económico, una abierta disposición por parte de diversos actores a un mayor intervencionismo económico, más trabas regulatorias en desmedro de la iniciativa privada y la inversión. La simbiosis de ambas cosas podría abrir paso a una burocratización de la actividad económica que termine haciéndonos más pobres y dependientes en el mediano plazo.

Estos grupos tienen el afán de reemplazar las lógicas de mercado por las lógicas burocráticas del Estado en prácticamente todos los ámbitos de la vida social. En otras palabras, aspiran a eliminar a los intermediarios que operan en el mercado, dando paso a una relación directa entre el ciudadano y el Estado, donde además ciertos grupos tendrán privilegios y prebendas.

Políticamente, es evidente que en la Convención se está yendo de lleno contra elementos claves de una democracia como la garantía de un espacio de autonomía privada de los ciudadanos al darse una supremacía del poder político sobre una serie de ámbitos bajo la excusa del régimen de lo público; se pone en duda la igualdad de trato y ante la ley, al anteponerse como soberanos y actores de veto a los pueblos originarios; y se pone en riesgo la existencia de una esfera pública pluralista al predominar formas de censura y amedrentamiento a opiniones disidentes. Así, frente a nuestras narices se instala un autoritarismo plebiscitario, no una democracia.

Las frecuentes expresiones de arbitrariedad de los colectivos de izquierdas denotan que su disposición no es establecer reglas generales de forma mancomunada, sino imponer, a como dé lugar, su voluntad. El griterío y el afán de denigración por parte de miembros de la Coordinadora Plurinacional en contra de miembros del Colectivo Socialista, después del rechazo del informe de la Comisión de Medio Ambiente en el pleno de la Convención, denota con claridad que en el debate constitucional predomina la desmesura, la demagogia y una lógica plebiscitaria abiertamente autoritaria. Lo del listado de nombres, hecho en un punto de prensa como escarnio, debería poner la alerta a cualquiera que se precia de demócrata. Queda claro que la izquierda anti ilustrada, radical ecologista y premoderna no respeta votaciones y cuando pierde recurre a métodos totalitarios.

Aprobar la Constitución que estos grupos impulsan sería colocarle una soga al cuello a la República y la democracia chilena.

Económicamente, las promesas tanto desde el Gobierno como desde la Convención llevarán a una expansión creciente del gasto público que tendrá efectos negativos en la recuperación económica, el bienestar de la población y que harán que un mayor número de personas dependa del aparataje burocrático del Estado, reforzando así la injerencia y expansión del poder político plebiscitario. Tanto el gobierno como los grupos de izquierda en la Constituyente plantean avanzar hacia un modelo productivo basado en el control estatal de recursos y actividades productivas que se consideren estratégicas.

Eso se traduce en más burocracia sin duda. La minería es el caso más comentado pero, por ejemplo, hay que poner mucho ojo a lo que se ha planteado como una política en función de la seguridad alimentaria. La excusa de impulsar mayores niveles de productividad o acceso podría dar paso a políticas intervencionistas que terminen mermando la producción interna y reforzando el control gubernamental sobre los estómagos de los chilenos.

Si bien el Presidente Boric y el ministro Marcel han intentado poner la cuota de moderación en términos económicos, la situación es un equilibrio precario si se considera que en su coalición y en los bloques de izquierda en la Convención hay voces que apoyan abiertamente expropiaciones, estatizaciones, la idea de los precios justos y otras formas de intervencionismo que han mostrado su absoluto fracaso en cuanto a generar más bienestar.

Estos grupos tienen el afán de reemplazar las lógicas de mercado por las lógicas burocráticas del Estado en prácticamente todos los ámbitos de la vida social. En otras palabras, aspiran a eliminar a los intermediarios que operan en el mercado, dando paso a una relación directa entre el ciudadano y el Estado, donde además ciertos grupos tendrán privilegios y prebendas.

Así, tendremos una libertad que más bien se parecerá a una dependencia servil. Tendremos una economía basada en el racionamiento impuesto por la autoridad, no en el libre acceso. Ese está siendo el vía crucis de Chile, en vivo y en directo.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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"La libertad no se pierde por
quienes se esmeran en atacarla, sino por quienes
no son capaces de defenderla"

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