El peligroso corporativismo de Bachelet

La Presidenta Michelle Bachelet anunció que 15 personas compondrán un Consejo de Observadores Ciudadanos para el proceso constituyente. En el discurso, es un grupo que, en tanto que representante de la diversidad de Chile, tiene por misión velar porque las instancias del proceso constitucional sean adecuadas.

En lo concreto, es un grupo establecido de manera arbitraria, es decir dedocráticamente, entre Bachelet y sus ministros, que además tiene funciones que van más allá de ser meros observadores, como revisar el material a utilizar y definir el perfil de los monitores —contratados por la Alta Dirección Pública (¿Funciona eso?)— que estarán en cada cabildo.

La Presidenta exclamó: “cada habitante de nuestra patria puede ser, al mirar este Consejo, que se sienta cercano o interpretado por uno o varios de los integrantes”. 15 personas representando a millones. Un absurdo, que además denota los prejuicios y atisbos claramente corporativistas del gobierno de la Nueva Mayoría.

¿Cuál fue el criterio para seleccionar a los 15 miembros de este Consejo? ¿Por qué los seleccionados representan más al resto de los chilenos que otros personajes? ¿No habría sido mejor recurrir al sorteo para seleccionar a los miembros de este consejo, en vez de recurrir a los prejuicios y preferencias personales de Bachelet y sus ministros? El sorteo sería más democrático sin duda.

Pero hay algo más importante que debería alerta a cualquier demócrata. Detrás de este Consejo está el propósito deliberado de establecer arquetipos sesgados con respecto a lo que es realmente ciudadano. Existe una distinción caprichosa que finalmente impone prototipos, no de personas, sino de grupos de interés o clases.

No son las personas seleccionadas el problema (como probablemente algunos en la derecha estarán pensando al ver que ciertos gremios o corporaciones no están considerados entre los miembros del consejo), sino la forma en que el gobierno las erige como representativas de una sociedad de millones, en un consejo de tan solo 15 miembros. El procedimiento hace explicita la noción corporativista de la sociedad y del sistema político que tiene el gobierno de la Nueva Mayoría y que busca promover constitucionalmente: un contrato social entre cuerpos intermedios, estamentos o clases, no entre individuos, es decir, ciudadanos. Un estatismo corporativista de nuevo corte.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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