El pacto constitucional suicida de la izquierda chilena

Encuestas recientes muestran que la opción de rechazo lidera la aprobación por 10 puntos. Si este sentimiento nacional se mantiene hasta la votación del 4 de septiembre, Chile se habrá salvado del autoritarismo, el caos y posiblemente la guerra civil. 

Los ciudadanos de Chile pronto votarán por una propuesta de Constitución, que se anuncia como una de las más progresistas del mundo. El texto de 388 artículos fue redactado por una Convención de izquierda convocada después de las violentas protestas de octubre de 2019. Si los votantes la aprueban el 4 de septiembre, podría destruir la economía, la democracia y la integridad de Chile como nación.  

Una de las primeras cosas que socavaría la nueva Constitución es la independencia del poder judicial. La Constitución propuesta crearía una nueva entidad, el Consejo de Justicia, para evaluar el desempeño de los jueces y decidir si pueden permanecer como tales. La consecuencia sería poner el poder judicial bajo control político. Debido a este punto es que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle ha dicho que la Constitución podría allanar el camino a un “régimen dictatorial”. 

“La propuesta también pone en su mira al equilibrio político de los poderes. Al igual que la Constitución venezolana de Hugo Chávez en 1999, la Constitución propuesta en Chile eliminaría el Senado.”

La propuesta también pone en su mira al equilibrio político de los poderes. Al igual que la Constitución venezolana de Hugo Chávez en 1999, la Constitución propuesta en Chile eliminaría el Senado, una institución de más de 200 años que históricamente ha desempeñado un papel crucial equilibrando el poder político. Bajo el nuevo sistema, reinaría una sola cámara, con poco control externo o interno sobre su poder. Álvaro Elizalde, miembro del Partido Socialista y actual presidente del Senado, ha admitido que el sistema político de la nueva Constitución “no cumple con los estándares mínimos que exige la democracia chilena”. 

La Constitución también haría que el país fuera “plurinacional”, reconociendo a 11 grupos indígenas, para empezar. Cada uno podría potencialmente tener derecho a funcionar como una comunidad autónoma que gobierna su propio territorio. El Gobierno también garantizaría la restitución de las tierras históricamente indígenas, compensando a los propietarios actuales con un “justo precio” aún indefinido. La constitución además crearía un Sistema de Justicia paralelo para los grupos indígenas -una combinación propicia para la confusión y el conflicto-. 

Otras protecciones del Estado de Derecho también se verían afectadas. Esto sería una bendición para los cárteles internacionales de la droga que ya operan en el país, y que han convertido a Chile en el tercer mayor exportador de drogas ilegales de la región a Europa. Algunas organizaciones criminales, como las FARC de Colombia, tienen vínculos comprobados con grupos terroristas chilenos que afirman estar luchando por la causa de los grupos indígenas mientras trafican drogas y matan a cualquiera que se atreva a resistirse. Tener territorios autónomos ha sido durante mucho tiempo una de sus demandas, lo que les permitiría realizar sus operaciones con impunidad. 

Un número creciente de representantes indígenas no radicales ya ha anunciado su oposición. Hugo Alcamán, un líder de los Mapuche, del sur de Chile, ha declarado que votará en contra de la iniciativa porque “aplasta los derechos de los chilenos no indígenas”. El expresidente Ricardo Lagos también ha señalado que no apoyará la propuesta porque no lograría la paz social.  

En el ámbito económico, la nueva Constitución eliminaría las regulaciones existentes sobre expropiación, permitiendo al gobierno confiscar cualquier tipo de propiedad privada mediante un simple decreto legislativo, sin tener que compensar a los propietarios legítimos a precios de mercado. Los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, no gozarían de protección alguna y los derechos de agua, protegidos por la Constitución existente, serían eliminados. Esto significaría que todas las actividades económicas que requieren agua, como la minería y la agricultura, serían vulnerables a decisiones administrativas arbitrarias. Los derechos de propiedad sobre las concesiones mineras también dejarían de existir bajo la nueva Constitución. 

Otras disposiciones solo contribuyen a la confusión. La propuesta permitiría la proliferación de empresas estatales en todos los niveles de gobierno, preparando el escenario para una corrupción desbocada. Debilitaría la independencia del Banco Central al permitir que el Congreso y el presidente inicien la destitución de los miembros de la junta por razones políticas, y crearía algunas de las regulaciones más radicales para los sindicatos en el mundo occidental, al permitir huelgas violentas e interminables en todas las áreas de la actividad económica. Finalmente, la propuesta incluiría un catálogo de generosos derechos sociales —incluyendo seguridad social, salud y educación— que impondría una carga fiscal insostenible. 

Las implicaciones económicas de la nueva Constitución han llevado a muchos economistas a advertir sobre los efectos devastadores que podría tener para el país. Según una carta abierta publicada este mes por Convergencia Transversal —un grupo recientemente formado de economistas en su mayoría de centro-izquierda, incluido un expresidente del Banco Central de Chile, José de Gregorio (2007-11)— la nueva Constitución podría “afectar gravemente la estabilidad política y económica del país”, poniendo en peligro “su desarrollo socioeconómico”.  

Por ahora, los chilenos parecen haber entendido la amenaza que representa el proyecto constitucional radical de la izquierda. Encuestas recientes muestran que la opción de rechazo lidera la aprobación por 10 puntos. Si este sentimiento nacional se mantiene hasta la votación del 4 de septiembre, Chile se habrá salvado del autoritarismo, el caos y posiblemente la guerra civil. 

Columna publicada por The Wall Street Journal:

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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