El fin de nuestra democracia liberal

Espero no pecar de catastrofista con el título de mi columna, pero sólo es una constatación de nuestra realidad. En Chile, la democracia liberal se deterioró a ritmo vertiginoso y el inminente cambio constitucional -en el cual fueron depositadas las más grandes esperanzas- no será capaz de recuperarla; es más, será este quien le brinde la última paleada de su entierro.

Síntomas tuvimos muchos, sin embargo, las fuerzas políticas, ante su falta de fundamentos conceptuales e intelectuales, sucumbieron ante los agradables cantos de sirena del despilfarro. Fue como el ejemplo de aquella persona que, ante el comunicado de que su enfermedad terminal es irreversible, comienza a disfrutar su vida sin pensar en el día de mañana. Y es que hoy casi no existen proyectos integrales de sociedad, sino tan sólo el llamado a voto y apoyo de grupos a personeros que buscan representar a una fisionomía específica de la población. Lo que impera son los votantes de nicho, quienes no dudarán en colisionar contra otros hasta que uno pierda la batalla y puedan pasar por arriba pisoteándolo.

La mayoría de nuestros conciudadanos piensa que la democracia es el gobierno del 50+1. Además, creen que esta es ejercida sólo a través del voto y la participación directa. Si se gana en un asunto por votación por cierta mayoría, se tiene que hacer, no hay excusas.

Las razones de fondo y los argumentos jurídicos, económicos y sociales que se puedan derivar de las consecuencias de aquel acuerdo ya no importan. En ese sentido, los “expertos” están totalmente desprestigiados, y muchos de los líderes de opinión más influyentes del país contribuyen a que la gente desconfíe de su integridad tildándolos de lobbistas o defensores del poder económico -siempre que estén en contra de su posición-. Se hizo olvidar así que las mayorías también han sido culpables de las mayores atrocidades de la humanidad.

El Congreso es el principal causante de todo esto -pero no el único-. Arrogándose facultades de gobierno por medio de su “parlamento de facto”, mancomunó dos facultades incompatibles dentro de un Estado, que si no se separan por ciertos mecanismos jurídicos pueden hacer mucho daño: La de legislar y la de gobernar. A través de “compra de votos” y triquiñuelas legales, nuestros parlamentarios han podido desmontar a diestra y siniestra lo que han querido por medio de proyectos de ley abiertamente inconstitucionales, justificándolo con lo que llaman “respaldo popular”.

“El panorama no se ve alentador. Esta situación se mantendrá mientras que la gente no sé de cuenta de que las fuerzas políticas, compensándolos con beneficios a corto plazo que luego se acabarán, están destruyendo el principal instrumento que resguarda nuestra libertad, el Derecho”

Así, la democracia liberal chilena fue reventada por los grupos de presión. Imagine lo que pasará cuando los diferentes grupos de interés, ante la suspensión de las atribuciones de la supraestructura que los limita -la Constitución-, puedan darse a sí mismos el futuro marco restrictivo que los gobernará. Ya tuvimos una muestra con la propuesta de colegiatura obligatoria del consejo general del Colegio de Abogados.

No supimos explicarle a la gente cuál es el correcto significado del término “democracia liberal” y, sobre todo, cuáles son los fundamentos y su vital importancia para una sana convivencia. Perdimos la batalla cultural, eso está claro. Esta versión de la democracia careció de épica, pese que sea hasta ahora el único régimen que permite perseguir a todos nuestras propias “utopías” en libertad, es decir, voluntariamente y sin dañar a otros.

En ese sentido, bajo parámetros rigurosos, el término democracia hace referencia a un método o procedimiento para determinar las decisiones políticas y no una cualidad sustancial u objetivo de estas últimas. Es decir, es una convención que nos permite el cambio pacífico entre gobernantes, constituyendo la protección más importante contra una posible tiranía. Por otra parte, su apellido “liberal” hace referencia a que dentro de este mecanismo las mayorías no tienen el derecho de aplastar a las minorías. Se busca así impedir la aparición de asambleas con poderes ilimitados, que disfrazadas de representantes del “poder popular”, serían fácilmente cooptadas por grupos de interés para luego legislar beneficios a destinatarios particulares.

El panorama no se ve alentador. Esta situación se mantendrá mientras que la gente no sé de cuenta de que las fuerzas políticas, compensándolos con beneficios a corto plazo que luego se acabarán, están destruyendo el principal instrumento que resguarda nuestra libertad, el Derecho.

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Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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"La libertad no se pierde por
quienes se esmeran en atacarla, sino por quienes
no son capaces de defenderla"

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