El “dracma” de Grecia

Grecia acumula años de déficit fiscal antes de su ingreso a la eurozona en 2001. En la década de los 90 hubo una tendencia a reducir el déficit, pero a partir de 1999 la tendencia se revirtió y el déficit comenzó a crecer de nuevo como porcentaje del PIB. Cuando se hace parte de la eurozona, la posibilidad de emitir dinero quedó descartada. Por esta razón, Grecia comenzó a endeudarse para afrontar su déficit y la deuda tomó un ritmo ascendente.

La deuda creció a tal punto que el país le debe €240.000 millones (US$271.000 millones) a sus acreedores. Sin embargo, el déficit fiscal continuó empeorando, sobre todo después de la crisis subprime de 2008, aunque antes de la crisis el déficit fiscal continuaba incrementándose. No fue la crisis la que generó el déficit. Al analizar la historia del déficit fiscal griego se aprecia que desde hace 15 años hay una seguidilla de gobiernos irresponsables que se caracterizaron por gastar más de lo que sus ingresos fiscales les permitían.

El costo ante este tipo de políticas sostenidas es que la sociedad en su conjunto se perjudica. Cada individuo con su trabajo y aportes empresariales generan riqueza en las economías, riqueza que gobiernos intervencionistas que no generan riqueza terminan destruyendo. Ya se observa una importante violación de los derechos de propiedad privada al limitar las extracciones que las personas pueden realizar.

El Gobierno gastó más de la cuenta y ahora el dinero de las personas está en “jaque”. Abandonar el Eurogrupo implica abandonar el euro, con lo cual el país debería adoptar una nueva moneda o volver a instaurar su antigua moneda, el dracma. Es importante destacar que el problema de la moneda es secundario. Euro o no euro, si no hay austeridad fiscal continuarán los problemas económicos independientemente de la moneda que se utilice. El “dracma” de Grecia no es la moneda que adopte el país, sino la falta de austeridad y responsabilidad en el gasto público por parte de los gobiernos, que no son los que generan la riqueza de un país.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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