Derogar leyes

Ernesto Silva, ante la eventual anulación de la ley de pesca, declaró días atrás que los Congresos hacen leyes y no las anulan. Más allá de la discusión puntual con respecto a dicha revocación o si realmente se puede o no anular dicha norma, es interesante notar la idea subyacente de que el poder legislativo tiene como misión esencial crear nuevas legislaciones y no derogarlas o abrogarlas.

Bruno Leoni, teórico liberal italiano, planteaba que uno de los principales problemas que enfrentaban las democracias modernas consistía en la creciente inflación legislativa, es decir, la promulgación compulsiva de normas, debido a la errada noción que tienen los legisladores con respecto a la ley y su propia función como parlamentarios.

En Chile, es frecuente escuchar a nuestros parlamentarios promocionar su buen desempeño legislativo pregonando el número de proyectos de ley que han presentado. Obviamente, omiten que entre dichas propuestas probablemente existan algunas claramente absurdas, como prohibir el uso de audífonos en las veredas o prohibir el salero en las mesas en restaurantes.Pero claro, nuestros legisladores creen que su función es ordenar y supervisar cada aspecto de nuestras vidas creando leyes de manera deliberada. Es decir, los parlamentarios chilenos son promotores del intervencionismo legislativo.

El intervencionismo legislativo está ligado con la arrogante noción, por parte de los parlamentarios, de que ellos pueden, mediante la ley y de manera deliberada, crear nuevos órdenes sociales, solucionar problemas o producir virtud entre los ciudadanos.

La noción de que las normas legales son producto de la acción deliberada y caprichosa de los congresistas de turno, se traduce en una creciente inflación reglamentaria, que conlleva a una seria distorsión de lo que es la ley. Esta deja de ser reflejo del proceso evolutivo de las normas y pasa a ser cualquier cosa que se le ocurra a un diputado o senador.

En el largo plazo, la inflación legislativa implica un serio riesgo para los ámbitos de autonomía de las personas frente al poder estatal, puesto que las leyes terminan siendo expresión de la arbitrariedad de los legisladores en función de sus pretensiones planificadoras, moralistas y paternalistas o dudosas reglamentaciones en favor de ciertos grupos de interés, como financistas de campaña.

Es decir, privilegios contrarios al principio liberal de la igualdad ante la ley. Cualquiera sea el caso, esta distorsión de la leyes tiene un efecto nefasto, que es la anulación de las certezas legales que cualquier Estado de derecho debe tener, dando paso al imperio del capricho de los legisladores, los cuales pasan a ser tutores de nuestras vidas, lo que termina afectando la libertad de cada uno.

Ojalá pronto surja un grupo de parlamentarios cuya proclama no sea la creación de nuevas leyes sino la derogación de muchas inservibles.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


Comparte esta publicación: