Cuando la UF muerde

En lo que va del año nos hemos visto enfrentados a significativos incrementos en los precios de muchos bienes, lo que ha hecho que la inflación se haya disparado. Comprar ropa, zapatos, cosas para la casa, e incluso un auto, es notablemente más caro de lo que era hace un año. Y es que la inflación continúa subiendo a niveles que, si bien aún no son alarmantes, preocupan. Ya van cuatro meses consecutivos donde el aumento de la inflación supera los pronósticos, acumulando un 6% en los últimos 12 meses –algo que no se veía desde la crisis financiera del 2008–. Ante este problema, gente como Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi han propuesto, de manera desacertada, eliminar de plano la UF (Unidad de Fomento) con el fin de combatir el incremento de precios. Su argumento es que este instrumento de ajuste de precios (es decir, unidad de cuenta reajustable a la inflación) ya no se justificaría y provoca más daño que beneficios. Sin embargo, veremos aquí cómo eliminar la UF, o indexarla obligatoriamente a los salarios, puede traer consecuencias negativas para la economía y los hogares. 

La UF es una unidad de cuenta indexada o vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) –que es una medida de la variación de los precios de una canasta de bienes representativa–, la cual surgió en Chile en el año 1967 como un mecanismo para combatir la inestabilidad monetaria y las altas tasas de inflación existentes en la época, las cuales rondaban cerca del 25% durante 1960-1966 (en parte debido a que el Banco Central no era independiente). La idea fue crear la UF para afrontar la crisis política y social en la cual se encontraba inmerso el país y la carencia institucional (como la independencia del BC), además de contribuir al desarrollo sostenible de políticas monetarias y fiscales. Actualmente, la UF se utiliza como unidad de cuenta para determinar el valor de la mayoría de los créditos hipotecarios, el pago de arriendos, los bonos de gobierno a largo plazo y la compra de viviendas.

La principal crítica que se le hace a dicha indexación es que, mientras que muchos bienes y servicios se ajustan con la UF, como los arriendos, los salarios de las personas no lo hacen. Esto significa que, mientras algunas cosas se encarecen debido a la inflación, los sueldos de las personas no suben lo suficientemente rápido para contrarrestar la diferencia en precios, ocasionando así una disminución del poder adquisitivo de los consumidores. Además, se critica a la UF por ser responsable de causar inflación artificialmente. Por ejemplo, se argumenta que, si durante un mes existieron factores externos en el país que causaron un incremento en la demanda de carne, esta subirá de precio, y, por ende, también subirá el IPC. Cuando sube el IPC posteriormente también sube la UF, y cuando sube la UF sube el precio de los arriendos (que se pagan en UF). Así, se puede observar cómo el precio de un bien (arriendos) puede aumentar aun cuando no existe ninguna causa directa en dicho mercado, como un incremento por la demanda de arriendos, que justifique aquella variación de precio.

A pesar de dicha crítica, lo cierto es que existe una disyuntiva (o trade-off) inevitable entre el valor real de los salarios y el desempleo en el corto plazo (Brechling, 1968). Es decir, si hay un shock negativo en el mercado del trabajo, dicho mercado se puede equilibrar o a través del desempleo (la cantidad), o a través de una disminución en los salarios reales (el precio). Frente a una crisis como la que enfrentamos, es necesario estabilizar el nivel de desempleo en la economía para minimizar los efectos negativos sobre el bienestar de las personas. En este sentido, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios –provocada por el aumento de la UF– actúa como un estabilizador del desempleo, pues permite a los empleadores contratar personas a precios más bajos y así evitar mayores pérdidas de puestos de trabajo (el costo relativo de los trabajadores disminuye gracias a la UF estabilizando el shock).

Asimismo, debemos considerar los incentivos a la productividad en la economía. Por ejemplo, si en el país los salarios suben más rápido que los precios, los trabajadores tendrán un incentivo a trabajar más porque les será más rentable. Por el contrario, si los precios suben más rápido que los salarios, los empresarios tendrán un incentivo a producir más para generar más utilidades. Mientras que, si los salarios se ajustasen automáticamente o por obligación a la inflación, las variaciones en precios y en salarios ocurrirían simultáneamente, ocasionando que las empresas y los trabajadores pierdan dicho incentivo a mejorar su producción y a expandir el producto. Es decir, indexar obligatoriamente los salarios a la inflación podría resultar en un estancamiento de la productividad en la economía.

Con todo, la solución que algunas empresas dan al problema de la pérdida de poder adquisitivo de sus trabajadores es indexar sus salarios a la inflación de manera gradual, tal que estos se ajusten en el mediano plazo. Además, mediante este tipo de cláusulas en los contratos de trabajo se contribuye a una sana economía mediante la estabilización del desempleo en tiempos de crisis a través de medidas no coercitivas. Es crucial, no obstante, que la indexación gradual de salarios suceda en conjunto con una inflación controlada y que esta no se dispare de un mes a otro de forma abrupta, como a menudo les pasa a nuestros vecinos en Latinoamérica. Por suerte y hasta ahora, en Chile tenemos un Banco Central autónomo y creíble, con expertos que hacen un buen trabajo al mantener al país cerca de la meta inflacionaria. Por desgracia, también tenemos hoy a muchos políticos que, con el afán de aumentar su popularidad, toman decisiones cortoplacistas (como los retiros de fondos previsionales) sin preocupación alguna por el riesgo inflacionario.

En definitiva, si bien hay algo de verdad en que un sistema de indexación como la UF no se justifica en un país serio y estable, con baja inflación –como lo fue Chile en los últimos 30 años–, este no pareciera ser el mejor momento para deshacerse de dicho sistema, pues tal medida sería un riesgo innecesario, dado el contexto de crisis y populismo en que nos encontramos. Esto le quitaría a muchas pymes el estabilizador que tienen contra la inflación, incentivando luego el ajuste vía desempleo.

Además, bien podría ser una mala señal de poca credibilidad para el mercado financiero internacional, que podría encontrarse más dudoso al momento de invertir en nuestro país y comprar nuestra deuda. Debido a esto es que esperamos que los actuales candidatos presidenciales no acojan las medidas que excandidatos como Enríquez-Ominami y Parisi proponían en materia de inflación y, en su lugar, opten por mantener y robustecer nuestras buenas instituciones, como la UF y el Banco Central autónomo.

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Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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