Control de identidad preventivo: ¿Discriminación?

¿Es discriminatorio el control de identidad preventivo, aprobado por el Senado y que pasará pronto a la Cámara de Diputados? Me parece que corresponde definir primero el concepto para no demonizar el procedimiento.

De hecho, discriminar admite dos significados. El primero es separar, distinguir, diferenciar, o ver o percibir conceptos o realidades como diferentes. El otro, inaceptable, es brindar un trato diferente a quien merecería el mismo trato que otros de su género para beneficiar a unos y/o perjudicar a otros basándose en la diferencia de raza, sexo, ideas, religión, etc.

Para cumplir su labor preventiva en una república, las policías, formadas en el respeto a los derechos humanos, diferencian a las personas y crean “perfiles”, sin que esto implique necesariamente intentar desconocer -algo esencial en la definición negativa de discriminación- los derechos de esas personas. Es un tema delicado, desde luego, pues encierra riesgos de abuso.

Pero lo cierto es que las policías suelen trabajar con “perfiles” formados a partir del conocimiento y la experiencia institucional. Si una policía se propone “despejar” de asaltantes con prontuario el frente de un banco cuando adultos mayores cobran su jubilación, ¿puede emplear información semejante, o al hacerlo discriminará a personas? Uno supone que las policías disponen de “perfiles” sobre el actuar, el físico y la vestimenta de lanzas “a chorro”, pero ¿constituye eso discriminar? ¿Es discriminatorio que las policías manejen el perfil de quienes sustraen iPhones y carteras en restaurantes y hoteles de lujo en Chile, delincuentes que parecen ejecutivos o turistas? ¿O a las policías debe prohibírseles recolectar información de ese tipo, pues conduce a categorías discriminatorias?

El control de identidad preventivo afecta, desde luego, a personas no buscadas, y por ello debe estar regulado. Como no es una ciencia exacta, cualquiera puede ser consultado por su identidad. Eso permite que la calle se vuelva más insegura para quienes son requeridos por la ley, y más segura para quien la cumple. Tampoco debe exigírsele a esa ley que se ocupe de quien evade impuestos, se colude o pide recursos indebidos para su campaña política. Ella persigue otra cosa. En Chile, el control de identidad preventivo busca obstaculizar el accionar de delincuentes, que amenazan a la gente en la calle y sus viviendas.

Pero si ignoramos que las policías trabajan “discriminando” (en el sentido positivo), temo que no entenderemos parte crucial de su trabajo. Pensemos, por ejemplo, en la policía de inmigración: ¿Tiene ella, bajo ciertos indicios, la facultad de exigir a un extranjero en un puesto fronterizo que demuestre disponer de los recursos para permanecer en el país? ¿Tiene derecho a “discriminar” exigiendo más documentos, o no le concierne lo que el visitante se proponga?

¿Y qué decir del policía que observa por cámara a los pasajeros que desembarcan de un avión? ¿Es discriminatorio conducir a uno de ellos a una salita para registrarlo porque sus movimientos sugieren que porta droga? ¿Y qué decir del empleo ocasional de perros para husmear maletas y a pasajeros? ¿Es discriminación o una labor que obedece a “perfiles” (de personas o vuelos) que la experiencia policial ha ido acumulando durante la detección de irregularidades?

En especial los miembros del Parlamento (la institución menos prestigiada del país) que son críticos al control de identidad deben ser cuidadosos al sostener que Carabineros y PDI (las instituciones más respetadas) “discriminarán” controlando solo a quienes tienen aspecto de pertenecer a sectores vulnerables. En calles y carreteras uno ve que Carabineros detiene tanto a vehículos pequeños como de lujo, y hasta a coches de senadores y diputados, varios de los cuales han reclamado aparatosamente por ello.

En caso de aprobarse la ley, el Gobierno debería lanzar una campaña que pida comprensión a la ciudadanía y explique que la excepcional situación de inseguridad obligó a encargar a las policías controlar la identidad para recuperar cierta seguridad. Por ningún motivo debe desmarcarse del asunto y dejar que Carabineros y PDI aparezcan como instituciones “represivas”. Es justo reiterar que nuestras policías son por lejos las mejor evaluadas del continente. Afirmar que ellas utilizarán el control de identidad preventivo para cometer arbitrariedades es desconocer su rol en democracia, sus mecanismos de fiscalización y la influencia del Estado de Derecho.

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Las opiniones expresadas en la presente columna son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.

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