Publicado el 26.04.2022

CIPE y Fundación para el Progreso: Hay 52 empresas grandes de países no democráticos en Chile

Los flujos de capital que tienen como origen a gobiernos autoritarios, que no tienen la transparencia propia de sociedades democráticas, es el tema sobre el que profundiza el estudio: Capitales Corrosivos en América Latina, hecho por CIPE en colaboración con la Fundación para el Progreso para el caso chileno y que se comentó el pasado 22 de abril, en Bogotá, con la presencia de nuestra directora de Operaciones y Finanzas, Sofía Wagner. 

52 grandes empresas de países no democráticos están haciendo actualmente negocios en Chile, dato que resalta como uno de los más importantes arrojados por el estudio. “La mayoría de las empresas de países no democráticos son empresas de China que concentran el 85% de las inversiones, seguidos de un 13% de los Emiratos Árabes y 2% de Rusia. Concentrados mayoritariamente en los sectores de Energía (25%) y telecomunicaciones (17%)”, indicó Wagner.  

Nuestra directora de Finanzas y Operaciones, Sofía Wagner, representó a la FPP en el evento de CIPE

Además, en el estudio se encontraron 50 acuerdos subnacionales con municipalidades y gobiernos regionales, principalmente con el gobierno chino para establecer cooperación en educación y cultura. Wagner advirtió que hay 21 institutos Confucio en Chile, el mayor número en Latinoamérica, a lo que se suman varios programas de becas y ayudas que proliferaron en época de pandemia.  

Pese a los números significativos sobre la presencia de estos capitales en el país, el estudio concluye que hay características institucionales en Chile que han evitado que estos capitales se vuelvan realmente corrosivos. “Chile tiene un Estado de derecho firme, una institucionalidad bien establecida, división de poderes y derechos de libre expresión que han evitado que estos flujos de capital se vuelvan corrosivos para la democracia”, manifestó.  

Sin embargo, se advierte de varios riesgos sobre todo en el sector de contratación pública. “Hay problemas en las compras públicas, a veces un poco opacas, nuestro marco jurídico anticorrupción tiene que ser actualizado, necesitamos un registro de beneficiarios reales para entender de dónde vienen los flujos de capital”, explicó. 

El cambio de Constitución también es un tema a prestar atención, por la nueva institucionalidad que puede emerger en Chile. “Una nueva Constitución abre una ventana para que las variables de seguridad cambien un poco, por eso hay que fomentar el debate público sobre este tema y sus peligros”, enfatizó Wagner.   

Ve el evento completo en el siguiente enlace:

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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