Bonos, interés propio y política sin romance

Según se informó la semana pasada, el Bono Clase Media fue bochornosamente obtenido por casi medio millón de personas que no debían obtenerlo. Esto demuestra un abuso inaceptable de la política pública, en especial cuando un diseño riguroso de los programas de ayuda resulta indispensable a la hora de asignar correctamente los escasos recursos de la sociedad. Bajo este contexto tan crítico, como el tratar de ayudar a los más golpeados producto de esta pandemia, es que resulta fundamental una asignación justa de los recursos públicos, en donde se incorporen los incentivos adecuados para poder hacer política pública eficiente.

Estas exigencias de justicia y buen diseño han sido las demandas técnicas y políticas más requeridas en el mundo desde el inicio de esta crisis global. Errores en este campo pueden resultan graves, no solo económicamente, ya que se están despilfarrando recursos de todos, sino que además ponen en serias dudas la eficiencia del Estado a la hora de resolver nuestros problemas públicos y sociales. Este es sin duda el caso en lo ocurrido con el Bono Clase Media en Chile.

Este desaguisado –al igual que lo que ocurrió con las famosas cajas de alimentos hace un par de meses– pasa a engrosar la larga y abultada lista de bochornos y fracasos del Estado de Chile a la hora de hacer buena política pública y velar por los intereses de todos los chilenos. Otro granito de arena en el gran desierto de acciones deficientes y de fallas severas por parte del Estado (como la reforma educacional, el Transantiago, el Sename, etc.).

El Bono Clase Media fue uno de los instrumentos diseñados por el Estado para complementar y aliviar la pérdida en los ingresos sufrida por los sectores medios de la población, que hasta ahora habían sido desatendidos por la política pública en cuanto a la ayuda contra los efectos de la pandemia. Consistía en un aporte directo de hasta $500 mil para los trabajadores individuales cuyos ingresos hubieran caído al menos un 30% en julio 2020, y cuyos salarios mensuales durante el 2019 promediaran entre $400 mil y $2 millones.

A pesar de que dichos requisitos fueron hechos explícitos ex ante a la hora de ofrecer dicho bono, el diseño –de forma bastante ingenua– requería un sencillo tramite para registrar la información personal autorreportada, con una mera declaración jurada simple, sin necesidad de adjuntar ningún comprobante o evidencia para justificar la postulación para obtener aquel bono. Resulta evidente el resultado de tan ingenuo diseño que asume que las personas son ángeles benevolentes y desinteresados que velan por el bien común y la probidad del colectivo: el Servicio de Impuestos Internos (SII) comprobó que, de los 1,6 millones de beneficiarios de dicho bono, el 27,4% de ellos –437.703 trabajadores– accedieron al programa a pesar de no cumplir con los requisitos.

Resulta evidente el resultado de tan ingenuo diseño que asume que las personas son ángeles benevolentes y desinteresados que velan por el bien común y la probidad del colectivo

Es decir, casi medio millón de personas accedió al programa falseando los datos personales de sus ingresos, tras autodeclarar un sueldo por debajo de los montos reales. Se estima que este fracaso de política pública por parte del Estado ha desperdiciado recursos públicos en personas que, no solo no los necesitaban, sino que además mintieron al Estado para hacerse con dichos recursos de todos, por montos que ascenderían a los US$256 millones.

La guinda de esta grotesca torta es que el SII reconoció, además, que al menos 37.100 de aquellos trabajadores que accedieron a dicho bono de forma cuestionable son más encima funcionarios estatales del “servicio público”. Esto resulta más impresentable aún, especialmente si recordamos que muchos de los empleados públicos no solo no estaban trabajando ni de forma presencial ni de forma telemática, sino que además habían mantenido sus rentas aseguradas a lo largo de toda esta pandemia y, por lo tanto, sabían de antemano que sus ingresos mensuales no habían disminuido.  Es decir, nuestros ángeles benevolentes que velan por “lo público” accedieron a sabiendas de forma tramposa a recursos de todos nosotros que, supuestamente, estaban destinados para ayudar a la clase media más necesitada y golpeada por la pandemia, haciéndolo de forma maliciosa, ya que no les correspondían.

En suma, una joya de funcionarios estatales egoístas que velan por su propio interés y una política pública defectuosa que, combinadas, generan otra falla de nuestro arcaico Estado. ¿Suena familiar? Debiera, pues la misma combinación entre interés propio de los agentes del Estado y la falta de conocimiento local e información oportuna a la hora de hacer política pública explican las grandes fallas del Estado a la hora de velar por “lo público”. Ejemplos de esto abundan: el Transantiago, el Sename, el mal uso de recursos por parte de los militares, la reforma educacional, y un largo etcétera de errores. Nuestro Estado pareciera fallar y ser mucho más ineficiente que los imperfectos –y hoy vilipendiados– mercados.

Sin duda el bochorno de lo ocurrido con este Bono Clase Media y con el reprochable actuar de muchos funcionarios estatales nos deja sobre todo una lección fundamental:

Primero, que el interés personal es algo intrínseco e ineluctable y generalmente prima por sobre el interés común, a pesar de que los intelectuales progresistas y abogados constitucionalistas varios se esfuercen por afirmar lo contrario. El interés personal y el tratar de mejorar la situación propia o familiar, incluso en desmedro de otros, es inherente a la naturaleza humana. No por nada, el gran filósofo escocés David Hume –mejor amigo de Adam Smith– reconocía que, a la hora de diseñar sistemas sociales e instituciones políticas, tenemos que hacerlo ante todo asumiendo como si todos los hombres (y mujeres) fuesen bribones egoístas cuando se trata de política. En palabras de Hume: “Al idear cualquier sistema de gobierno y fijar los diversos controles y vigilancias de la Constitución, todo hombre debe ser considerado un bribón [supposed a knave] y no tener otro fin en todas sus acciones que el interés privado. Por este interés privado debemos entonces gobernarlo y, por medio de él, hacer que, a pesar de su insaciable avaricia y ambición, coopere al bien público”.

El interés personal es algo intrínseco e ineluctable y generalmente prima por sobre el interés común, a pesar de que los intelectuales progresistas y abogados constitucionalistas varios se esfuercen por afirmar lo contrario.

Solo asumiendo el interés propio y reconociendo la política sin romance de antemano, sugiere Hume, podemos crear reglas y sistemas sociales robustos que controlen y guíen dicho interés personal. De lo contrario, “encontraremos, al final, que no tenemos seguridad para nuestras libertades o posesiones, excepto la buena voluntad de nuestros gobernantes; es decir, no tendremos seguridad alguna”.

Resulta evidente, entonces, que el caso Bono Clase Media vendría a darle la razón a David Hume, y que, si se les da la oportunidad –esta vez con reglas mal diseñadas–, los individuos actúan según su propio interés racional y tomando el beneficio que se provee, generalmente en desmedro del colectivo o de “lo público”. Entonces, el interés personal en la política y en la política pública priman por sobre la supuesta benevolencia y el imaginario amor del colectivo que existirían en un idealizado –pero inalcanzable– “régimen de lo público”, por más páginas de buenas intenciones y sofismas que los progresistas escriban.

Este caso nos enseña que resulta cuestionable y hasta peligroso que tanto “intelectual” promueva, de forma casi evangélica, una nueva concepción del “régimen de lo público”, en donde supuestamente las personas se transformarían, como por arte de magia, en solidarias, atendiendo al interés ajeno y velando por el bien común, evitando la explotación del virtuoso pueblo. La realidad, como bien lo reconocía Hume, dista bastante de aquella imagen ingenua y benevolente que tienen algunos intelectuales de izquierda a la hora de promover “regímenes de lo público”, en donde supuestamente se pueda erradicar la lógica mercantil y el interés propio.

El Bono Clase Media nos recuerda, una vez más, que pareciera ser que los seres humanos no estamos listos –ni nunca lo estaremos, si le creemos a Hume– para poder entrar al jardín del Edén diseñado por Fernando Atria y otras deidades nacionales que lo acompañan.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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