Barrera anticorrosiva

Se han hecho regulares las noticias sobre negocios entre Chile y países autoritarios. El más reconocido es China, nuestro primer socio comercial, que además ha aumentado su interés en invertir en Chile, levantar obras de infraestructura y cuyas autoridades participan activamente de espacios de prensa. Esto ha levantado alertas: las inversiones del gigante asiático han generado disputas a nivel internacional, especialmente desde la intensificación de la política del «One Belt, One Road» («La franja y la ruta»). En algunos casos, por no cumplir con legislaciones locales, laborales o ambientales; en otros, como Sri Lanka, por atrapar a los países en los que invierte con deudas; o por acusaciones de espionaje y robo de propiedad intelectual, como Huawei en Estados Unidos.

A este tipo de inversiones se los conoce como ‘capital corrosivo’, un concepto del que advirtieron Mike Pompeo y Francis Fukuyama en 2019, de visita en Santiago: negocios que producen externalidades negativas para los países involucrados en el largo plazo.

¿Deben preocuparnos entonces las inversiones de este y otros países con prácticas similares? La respuesta es que Chile parece haber mantenido a raya este tipo de prácticas en los últimos años, especialmente por acción de sus instituciones y ciertos elementos legislativos, por lo que se ha convertido incluso en ejemplo de qué elementos pueden incorporar los países para evitar la corrosión. La respuesta pareciera estar en evitar las negociaciones directas entre gobiernos sin un filtro técnico, una fiscalización adecuada, transparencia efectiva y un fuerte imperio de la ley.

Hay otros países autoritarios con los que Chile también ha hecho negocios y que han resultado problemáticos: Venezuela, con el reciente caso de lavado de dinero; o Irán, con los envíos de petróleo de ENAP que acabaron provocando las intoxicaciones masivas en Quintero en 2018.

Por supuesto, la naturaleza del gobierno con el que se negocia no es (ni debiera ser) razón de discriminación arbitraria. Sin embargo, es un buen momento para entender qué nos ha hecho impermeables y cómo mejorar nuestro marco institucional para mantener un país atractivo a las inversiones (muy necesario hoy), pero evitar ciertos problemas como la corrupción, la infraestructura deficiente, las negociaciones entre gobiernos o, en deudas que significan presiones políticas directas.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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