¿Autonomía o Autodominio?

La Convención Constitucional aprobó el artículo 19 del informe “De las Autonomías Territoriales Indígenas”. En ella se postula que “son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía”.

Pero el tema respectivo a las entidades indígenas —mejor dicho, indigenistas— no queda aquí; el artículo 22 del informe establece que “deberán tener las competencias y financiamiento necesario para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinación”. Es decir, no solo se impone este impulso divisorio sino que además alguien deberá pagarlo.

Utilizo estos dos ejemplos más actuales para retratar una realidad que se ha ido estructurando en nuestro país desde hace un tiempo. Temáticas como el rechazo al concepto de República, o la idea de un pasaporte para ingresar al “Wallmapu” dan cuenta de un evidente objetivo separatista. Ahora, lo que impresiona es que se supone, constantemente, que estas reivindicaciones son representativas a toda la comunidad indígena, sin embargo estas ideas, propias de caudillos políticos, dan cuenta de la poca comprensión de la realidad nacional.

Muchos de los discursos políticos de los convencionales adherentes al “indigenismo”, encuentran una raíz común con la mayoría de las reivindicaciones de la convención, cuyas causas se asocian, generalmente, a un espíritu refundacional y disruptivo con la tradición del país.

“La conquista y luego la colonia no fueron procesos exclusivamente impuestos y opresores. Gran parte de este desarrollo fue dado por encuentros genuinos entre dos sociedades , que reconocieron en la otra un valor digno de imitar. Negar esto es despreciar gran parte de la realidad chilena”

Si nos situamos en la historia, es cierto que los indígenas fueron colonizados, primero por el Imperio Inca y luego, con mayor extensión, por los españoles. También es cierto que este proceso fue tremendamente violento y desolador. Sin embargo, muchas veces esta realidad histórica se extrema a niveles que distorsionan la realidad y, con ello, impiden servirnos del conocimiento histórico para encontrar respuestas atingentes a problemas actuales. En esta línea, Luis Alfonso Herrera sostiene que esta relación negativa con nuestro pasado obstaculiza el desarrollo de nuestro país. Asimismo, el autor afirma que “los valores morales compartidos, las instituciones hispánicas aún presentes en nuestras organización política , el mestizaje y el pluralismo” no son los problemas fundamentales de nuestros países. De hecho, dice el autor, que es “el desconocimiento del valor, la vitalidad, potencialidad y utilidad de dicho legado” junto a estas actitudes esclavas de la “ideas absolutas y falsas de la cultura hispánica” lo que nos ha debilitado como sociedad.

Estos puntos son relevantes porque, sin negar lo ocurrido en la época de conquista, al estudiar la historia se muestran múltiples ejemplos en Hispanoamérica, donde existió un sincretismo libre; una defensa y protección jurídica hacia los indígenas y un mutuo respeto entre ambas sociedades. Meros ejemplos pueden ser la existencia de las Leyes de Indias; la conservación de muchas de las lenguas indígenas, gracias a la labor de religiosos españoles que escribieron las primeras gramáticas; o bien, el hecho de que muchos grupos indígenas se unían a los bandos realistas en la Independencia, puesto que las nuevas legislaciones borbónicas les suprimía varios privilegios jurídicos. Historiadores como David Brading, John Lynch, John Elliott y Jaime Rodríguez, para nombrar solo algunos, han logrado demostrar que la idea de una hispanidad exclusivamente opresora es insostenible; y desmantelan la tradición de la insidiosa Leyenda Negra como una perspectiva limitante a la hora de acceder a una verdad histórica de la América hispana.

De esta forma, la conquista y luego la colonia no fueron procesos exclusivamente impuestos y opresores. Gran parte de este desarrollo fue dado por encuentros genuinos entre dos sociedades , que reconocieron en la otra un valor digno de imitar. Negar esto es despreciar gran parte de la realidad chilena, que incluye la cultura indígena al reconocerse como una sociedad fundamentalmente mestiza. El daño que puede generar la Convención con políticas públicas que juegan a dividir a la población chilena por etnias, aumentando los prejuicios y el odio entre sus ciudadanos, puede terminar socavando la sociedad civil y arriesga a las mismas comunidades indígenas . Es evidente que los constituyentes no se están haciendo las preguntas correctas. Pluralismo, multiculturalismo y reivindicación han sido sus respuestas, cuando otros apostaríamos por la libertad, la igualdad ante la ley y el autodominio.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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