El flamante presidente electo Gabriel Boric va a recibir una economía particularmente complicada y es muy probable que el ámbito económico sea uno de los principales desafíos de su mandato presidencial.
Ahora que estamos ad portas de comenzar un nuevo año, resulta necesario reflexionar acerca de uno de los principales problemas que nos aqueja como país: la escasa tolerancia política y la violencia.
Creemos necesario mantener el régimen de votación voluntario y analizar lo que han hecho los demás países del mundo para afrontar la baja participación electoral.
Inmediatamente después de los resultados de la primera vuelta, los medios se vieron repletos de columnas y reportajes indicando que José Antonio Kast habría ganado en las comunas más pobres de Chile.
Chile lleva décadas perdiendo sostenidamente niveles en el ranking de libertad económica y las personas, sobre todo los jóvenes, las mujeres y los grupos marginados, son los que más han sentido el golpe.
Desde octubre del 2019 muchos sostuvieron la tesis de que el país vivía subordinado a un presunto modelo “neoliberal” malvado y opresor, que sometía a los ciudadanos a punta de expansión de los mercados y privatización que beneficiaba solo a algunos.
Es plausible que los resultados del domingo acaben con el Octubrismo y el maximalismo político post-18-O que ha embriagado a muchos que creían poseer un supremacismo moral y ayudar así, desde la moderación, a construir un país donde nos toleremos y no donde prime la lucha a muerte en Plaza Italia.
Hace pocos días el presidente del Banco Central, Mario Marcel, reconoció que “tenemos un cambio estructural en el mercado de capitales, producto de los retiros de ahorros previsionales”.
Una tregua de elites en torno a un reformismo responsable pareciera ser la única manera de evitar que la demagogia y la retroexcavadora se impongan en el debate público durante esta nueva década. Con todo, el espacio para ponernos de acuerdo y hacerles frente a estos tres desafíos económicos se acorta, y las campanas parecieran comenzar a doblar por nosotros.
El caso del auge y caída del proceso modernizador en Chile y de toda nuestra institucionalidad, son una clara señal de lo que sucede cuando las instituciones pro libertad económica se sustentan de facto en meras constituciones y en papeles
En estas últimas décadas se ha manifestado una creciente preocupación por el aumento de inversiones y de flujos de capitales de países no democráticos (como Rusia y China), en otros países de distintas regiones.
Hace un mes se publicó el informe de la libertad económica en el mundo, conocido como el Economic Freedom of the World Index 2021, donde se constanta una preocupante caída en picada de Chile en dicho índice de libertad económica.
Durante estos días se cumplen ya dos años desde el estallido social iniciado el 18 de octubre del 2019, y del cual todavía estamos viviendo sus repercusiones en distintos aspectos, como lo político, lo constitucional, y así como también sus consecuencias en materia de violencia y destrucción del espacio público.
Nos hemos “latinoamericanizado” en materia financiera, dejando de ser el país símbolo de la seriedad y de la responsabilidad fiscal, tomando el camino derecho hacia un subdesarrollo económico-financiero de la mano de los retiros.
Hay que tener particular atención en aquellas candidaturas presidenciales que prometen más gasto público, un mayor rol del Estado en la economía y mayor gasto para la ciudadanía a punta de impuestos, ya que estas propuestas no resuelven el problema fiscal de fondo, sino que lo podrían acrecentar aún más.
Es la primera medición internacional de nuestro estado institucional y económico, relacionado con nuestras libertades, desde que ocurrió el estallido social, y sus resultados no podrían haber sido peores: la peor caída de posiciones del país desde que se tenga registro.
La pureza política no existe y el supuesto pueblo “puro” e “iluminado” es una mera ficción de ideólogos emborrachados con el asambleísmo y la democracia radical
El caso del notario zombi, entonces, nos permite cuestionar profundamente el actual paradigma notarial y reflexionar acerca de si no existirán mejores mecanismos, más efectivos, transparentes y fáciles de usar, para resguardar la fe pública, que nuestro actual vetusto sistema notarial.
La Lista del Pueblo, en vez de ser la voz pura y racional de los marginados en el debate público, ha terminado siendo el reflejo de lo peor de nosotros mismos, de nuestra virulencia y de nuestra actual cultura de la cancelación, contribuyendo a acelerar el estado de descomposición de nuestro debate público
Con estas medidas populistas y simplistas –que muchos chilenos y políticos electos incluso avalan–, nos hemos disparado en los pies, cometiendo un acto de suicidio financiero.
