11M: El traspaso de una banda presidencial deshilachada

Cuando se analizan los factores críticos del segundo mandato de Sebastián Piñera, generalmente se alude a la debilidad de su apuesta excesiva en lo técnico en desmedro de lo político. Parece una mirada reduccionista. El problema del hombre que esta semana deja La Moneda, estimo, fue otro, advertido por Max Weber casi un siglo atrás: a Piñera lo traicionó su narcisismo.

No es que otros dirigentes no lo padezcan. Mal que mal, creer que se tiene la respuesta a las necesidades de la sociedad —o que se es moralmente el indicado para aquello— supone una buena cuota de egocentrismo. El problema está en no poder controlarlo ni equilibrarlo. En los días previos a dos importantes reuniones internacionales en el país, Piñera aludió a que Chile era «un oasis en Latinoamérica». No hablaba del país, sino de lo que buscaba proyectar de su propio gobierno.

También se mostraba a sí mismo cada vez que enarbolaba el papel de los 33 mineros. O cuando, y rompiendo todo protocolo, se sentó sonriente en el escritorio del presidente Obama en la Casa Blanca. Y aquella vez en que salió a fotografiarse en medio de una desolada Plaza Italia con la ciudad confinada por la pandemia. De una u otra forma, en muy diferentes circunstancias, anteponía su propio lucimiento en desmedro de la figura presidencial. Y en vez de fortalecer la institucionalidad, la personalizaba, inhibiendo la capacidad política del Poder Ejecutivo a cargo suyo y de su gabinete.

La personalidad del presidente saliente coincide con una derecha con partidos también ensimismados, autocomplacientes, poco proactivos en términos políticos; sin arraigo territorial ni social. El mejor y más reciente ejemplo  de esa falta de orientación fue el desbande ante el precipitado desmoronamiento de la candidatura presidencial de Sebastián Sichel. No es raro,  entonces, que la derecha esté hoy huérfana de líderes políticos, sumida en la irrelevancia en la Convención. 

Pero también la oposición al gobierno saliente siguió durante estos años una dinámica de camarillas, oligárquica; azuzando el desprestigio de la figura presidencial con el único fin de atacar a Piñera. Mostraron una hostilidad permanente. Dolida por no poder hacer correr la maquinaria partidaria dentro del aparato estatal, la izquierda eligió olvidar el carácter institucional del régimen presidencial y el rol del gobierno en dicho sistema, que no es otro que orientar el ejercicio del poder político hacia cauces adecuados entre fuerzas políticas diversas. Un Poder Ejecutivo anulado políticamente se hace presa fácil de los poderes oligárquicos desatados, tanto entre aliados como opositores. 

Bajo esas dinámicas, la autoridad presidencial se vio en la segunda administración de Sebastián Piñera profundamente horadada. Paulatinamente dejó de ser vista —por aliados y opositores— como aquella primera magistratura cuya dignidad no se basa en la simple potestad legal, sino en la capacidad de representar los intereses de la nación por sobre pequeñeces personales o cálculos facciosos. Frente a ese escenario, el presidente fue incapaz de articular con sus propios aliados y sus opositores más prudentes el manejo adecuado de temas complejos, como la violencia en la Araucanía, la migración, el estallido social, el enfrentamiento de nuevas formas de organización delictual o la aplicación de ayudas en medio de la pandemia. A eso se sumó la errada presunción de que la autoridad sólo radica en la potestad legal, que hizo que la vía política por parte del Ejecutivo fuera casi inexistente. Eso claramente reduce el margen de acción de un gobierno que queda limitado a enviar órdenes de carácter administrativo o policial, e incluso a esbozar erróneamente la idea de una guerra interna. Se olvidó la advertencia de Talleyrand: «… no te puedes sentar sobre las bayonetas».

El estallido social sumó  los aspectos de un sistema político oligarquizado, acomodado a un creciente plebeyismo,  con una distorsionada concepción de la democracia por parte importante de la izquierda (que no solo validó la violencia como medio de acción política, sino que trató de convencernos, incluso inventando falsos centros de tortura, de que estábamos en los tiempos de la dictadura de Pinochet). No hay que olvidar que Guillermo Teillier pedía la renuncia del mandatario el mismo 19 de octubre ni que el PC se opuso al acuerdo del 15 de noviembre. Un poder presidencial debilitado por errores internos se veía entonces amenazado, además, por la voluntad manifiesta de su desplome, junto a la de la institucionalidad completa.

Las consecuencias de este debilitamiento del Ejecutivo —un deterioro cuyas causas anteceden a la administración saliente— aún no son apreciables del todo, si bien ya hay atisbos. La antigua promesa de los tiempos mejores se vuelve una triste ironía al considerarse varios flancos problemáticos abiertos al momento de la despedida. Piñera entrega un Chile distinto al que recibió en 2018: esencialmente sumido en la incertidumbre (la última encuesta Bicentenario muestra que la expectativa de los chilenos respecto a que Chile alcance el desarrollo descendió de forma notoria). Quizás por eso, cuando días atrás en un acto público el mandatario tuvo que hacer alusión al decimosegundo aniversario del terremoto de inicios de 2010, sus palabras podrían haber sido una referencia a su propio segundo gobierno: los cimientos sacudidos por un movimiento de 8,8 grados como metáfora de un desmoronamiento institucional y una fractura que todavía en estos días parece difícil de subsanar en muchos sentidos. 

Hay algo aún peor a los ojos de la derecha, y es que Piñera no evitó el cambio constitucional. El presidente saliente tiene su cuota de responsabilidad en aquello, aunque en esa consideración no se puede obviar al menos la fuerza que al respecto tuvieron unos aliados abiertamente oportunistas (el caso de los retiros del 10% es decidor) y, sobre todo, una oposición que por momentos se mostró pendenciera; incluso hasta parecer alentar la dinámica entre violencia y represión con tal de generar un quiebre institucional que hiciera caer al gobierno. Para ser justos, Sebastián Piñera sí evitó con sus decisiones de mediados de noviembre de 2019 el desmadre generalizado y el desplome total de la institucionalidad. No tuvimos ni la Toma de La Bastilla ni las guillotinas con las que parecían soñar algunos sociópatas en las redes sociales. Piñera no intentó fraude electoral, no apresó a candidatos opositoresno escapó en helicóptero o avión ni puso militares en los ministerios, tal como suelen hacerlo mandatarios a los que las cosas se les ponen complejas. El manejo de la pandemia fue óptimo, dentro de todas las dificultades (y los poco recatados deseos de algunos de asociar las muertes por Covid a la caída del gobierno). Por otro lado, el traspaso de este viernes entre administraciones opuestas será hecho dentro de lo establecido por la Constitución y los marcos de la concordia que la democracia exige, sin asaltos al Capitolio ni cosas por el estilo. En eso, Piñera está cumpliendo con su deber como presidente. Pero en torno a los gestos republicanos de estos días late también el sinfín de efectos nefastos de la oligarquización y el plebeyismo político: desenfreno, demagogia, arbitrariedad y vileza que, en desmedro de las leyes y las instituciones, parecen señalar a una polis en decadencia. Serán tareas para el gobierno entrante, incluso más allá de un presidente.  

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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