La guerra contra la razón: Humanidades o Ciencia
¿Se ha preguntado por qué la Revolución Industrial ocurrió en Europa y no en China o en India o en […]
Publicado en El Mostrador, 27.01.2023
Publicado en El Mostrador, 27.01.2023
Autor: Pablo Paniagua
Alrededor de 500 años a. C. uno de los más grandes filósofos orientales, Confucio, nos recordaba lo siguiente: «El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor». Más de 2.500 años después su frase sigue más vigente que nunca, sobre todo en nuestro país y cuando analizamos la inestabilidad de las reglas de inversión. Pues bien, se dio a conocer, este martes 24 de enero 2023, la renuncia de la Directora de Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores debido a «la filtración por error del audio de una reunión privada». Lo anterior es un error más de una serie de errores, bloopers y pasos en falso que Relaciones Exteriores ha cometido. Incluso, el año 2022 fue considerado como el Annus Horribilis de la Cancillería por algunos expertos. Pero con esta filtración del audio bien se podría decir que se materializó el «error mayor» de la Cancillería. Tal amateurismo y negligencia de parte de nuestras autoridades ha suscitado críticas a lo largo de todo el espectro político, caracterizándolos como «desprolijos» y «que están dañando al país».
Si bien en esta filtración se encuentran diversos problemas de índole relaciones exteriores, quizás uno de los más graves es otro: el relacionado con el proyecto minero Dominga mencionado en el mismo audio filtrado. Esto, pues la semana pasada se dio a conocer el rechazo a tal proyecto por el Comité de Ministros del Estado, en donde, supuestamente, su rechazo se dio por una razón de índole «técnica». De esta forma, el 18 de enero los ministros del Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía y Minería del Gobierno del Presidente Gabriel Boric pusieron fin a un largo proceso de casi 10 años en el que la empresa Andes Iron buscaba implementar el proyecto minero portuario Dominga en la comuna de La Higuera en el norte de Chile. Estos argumentos «técnicos» parecen contradictorios, dado que la misma autoridad técnica ambiental del Estado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ha declarado explícitamente: «El proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable (…) y ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos (ambientales sectoriales)».
Recordemos que, tras un largo y tortuoso camino judicial y burocrático de casi una década, el proyecto Dominga había obtenido una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en agosto del 2021, al igual que su aprobación total ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Incluso hasta la Corte Suprema había desestimado los recursos de los opositores a tal iniciativa de inversión. A pesar de todas estas instancias, aprobaciones y estudios, el Comité de Ministros decidió desestimar todo lo anterior para rechazar el proyecto bajo razones «técnicas«, de paso sin especificarlas. Es difícil no pensar que tal decisión del comité ministerial fue más bien una de “tincada política” más que una decisión técnica, pues –al igual que los indultos recientes– el rechazo a Dominga también había sido una promesa de campaña electoral de Gabriel Boric, quien además fue férreo opositor de esta inversión desde sus años como diputado. Por lo demás, un comité a puertas cerradas de ministros elegidos por el Presidente de la República, por definición es político, y con sesgo hacia los partidos de la coalición, más que técnico. Pues bien, con esta reciente filtración de audio se fortalece la tesis de que la principal motivación de tal rechazo fue política, por sobre los datos y la técnica.
El proyecto minero Dominga conlleva una inversión de US$2.500 millones, es decir, alrededor de 25% del PIB de toda la Región de Coquimbo. El proyecto generaría 10.000 nuevos empleos directos durante su construcción, 1.500 nuevos empleos directos durante su operación, 25.000 nuevos empleos indirectos durante su construcción y 4.000 nuevos empleos indirectos durante su operación. Es decir, el proyecto generaría más de 40.000 empleos en total, todo eso en donde el 20,5% de los habitantes de La Higuera vive en situación de pobreza (doble del promedio nacional), el 51% no tiene acceso a servicios básicos, el 14% vive en condición de hacinamiento y en donde –según consulta ciudadana– el 96% de los habitantes está de acuerdo con la inversión (ver aquí).
Todo lo anterior no implica desconocer que proyectos como Dominga poseen daños y costos ambientales –que sin duda existen en este caso–, lo importare es evidenciarlos, mitigarlos y manejarlos de manera que estos proyectos se hagan viables minimizando sus costos ambientales y maximizando sus beneficios sociales. Pues bien, la mayoría de la política pública y las inversiones jamás serán neutrales con respecto al medio ambiente (siempre hay costos y trade-offs), lo importante es ser profesionales a la hora de saber mitigar sus impactos, maximizando el impacto social y económico de estos con reglas claras y predecibles. El impacto ambiental cero o nulo es una fantasía, que perseguirla va contra toda la teoría económica de las externalidades y que atentaría contra innumerables futuros proyectos privados y públicos (Anderson y Libecap, 2014). En efecto, con la intención de maximizar e incentivar las inversiones, pero a su vez manteniendo una sana protección del medio ambiente para balancear costos ambientales con beneficios socioeconómicos, es que en Chile se han creado mecanismos institucionales con herramientas técnicas y personal experto, alejando dichas decisiones de los vaivenes políticos.
Entonces, cabe preguntarse: ¿qué hay de las externalidades ambientales de Dominga? A fin de cuentas, nadie quiere que dicha inversión sea a costa de destruir irreparablemente el medio ambiente. Por lo mismo, el proyecto –cabe recordarlo– consta de los más altos estándares ambientales (tanto nacionales como internacionales, incluso más exigentes que todos los proyectos mineros vigentes), haciéndose cargo de (ver aquí):
Paradójicamente, la misma semana en la cual se rechazaba el proyecto Dominga, bajo la intención de «salvaguardar el medio ambiente», el actual Gobierno ecologista también anunciaba gastos de US$2.800 millones en subsidios a combustibles fósiles para seguir produciendo monóxido de carbono y contribuir al calentamiento global. De hecho, este mismo Gobierno ya en el 2022 había gastado US$3.000 millones para subsidiar combustibles (dicho costo fiscal asociado a financiar los combustibles a través del MEPCO equivale a 74 mil viviendas sociales o 3,7 veces el subsidio anual al Transantiago, ver aquí). Resulta al menos extraño que, por un lado, se decida por razones ambientales y técnicas echar por tierra una inversión como Dominga –que les cambiaría la vida a muchas personas de La Higuera y alrededores– y, por otro lado, se gasten miles de millones de dólares en la subvención de combustibles fósiles que privilegian a algunos pocos ciudadanos a costa del calentamiento global.
Dada esta paradójica «política ecologista» de subvencionar combustibles fósiles y dada la evidencia de la aprobación explícita del Servicio de Evaluación Ambiental y la filtración de los audios de Cancillería, se comienza a consolidar la tesis de que dicho proyecto de inversión se cayó, más bien, por la motivación ideológica y política de algunos burócratas y políticos de turno. Esto es un problema grave para el desarrollo del país, pues sugiere que la «tincada» y la discrecionalidad de los políticos podrían tener capturada la generación de inversiones que fomentan el bien común, todo a merced de decisiones que se hacen a la ligera e incluso a través de WhatsApp.
Cabe recordar que esta forma de arbitrariedad y discrecionalidad política de cara a las inversiones económicas no es nueva en Chile. De hecho, hace apenas un par de semanas en el país ocurrió un caso similar en un proyecto inmobiliario en Ñuñoa. Como bien señala Juan José Obach (ver aquí), los seremis de turno del actual Gobierno se dieron el lujo político de rechazar un proyecto inmobiliario en Ñuñoa que cumplía con todos los estándares ambientales. Dicho proyecto, «Plaza Egaña», tenía su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada desde mayo del 2019, pero, una vez más, la «tincada política» pudo más que nuestra institucionalidad técnica. Este precedente inmobiliario es igual de grave que lo ocurrido con Dominga, pues sugiere que los seremis, conversando por WhatsApp, se saltaron y desestimaron la legislación ambiental vigente, para perseguir sus propias ideologías y así debilitar nuestras reglas y la institucionalidad ambiental que debería salvaguardar las inversiones y los proyectos que cumplen con dichas reglas.
Tanto lo de Dominga como el caso WhatsApp de Ñuñoa ponen un grave manto de dudas respecto a innumerables futuros proyectos de inversión que se encuentran en etapa de tramitación y alejan aún más a todos los inversionistas y empresas que querían creer e invertir en nuestro país. Todo esto finalmente daña nuestra institucionalidad y genera la impresión de que las «reglas del juego» en lo económico no existen, y que el país vive solo a los vaivenes y caprichos de los políticos de turno. Como establece la teoría económica, la ausencia de reglas estables, la alta arbitrariedad política y la inestabilidad de los derechos de propiedad y las inversiones, finalmente terminan por enterrar a los países en el subdesarrollo, la pobreza y la desorganización (North, 2001; Olson, 1996; Acemoglu y Robinson, 2012).
Que después de diez años de evaluaciones y estudios, la actual ministra del Medio Ambiente declare, por ejemplo, que en estos diez años “ocurren muchas cosas” y que simplemente “una línea base o una evaluación [ambiental aprobada] puede haber cambiado”, son solo pequeñas muestras de la triste realidad de nuestra gran inestabilidad de las inversiones y de incertidumbre respecto a los futuros derechos de propiedad en el país. No nos extrañemos, después, cuando seamos incapaces de salir de la trampa del ingreso medio, de la pobreza y del subdesarrollo.
Alrededor de 500 años a. C. uno de los más grandes filósofos orientales, Confucio, nos recordaba lo siguiente: «El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor». Más de 2.500 años después su frase sigue más vigente que nunca, sobre todo en nuestro país y cuando analizamos la inestabilidad de las reglas de inversión. Pues bien, se dio a conocer, este martes 24 de enero 2023, la renuncia de la Directora de Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores debido a «la filtración por error del audio de una reunión privada». Lo anterior es un error más de una serie de errores, bloopers y pasos en falso que Relaciones Exteriores ha cometido. Incluso, el año 2022 fue considerado como el Annus Horribilis de la Cancillería por algunos expertos. Pero con esta filtración del audio bien se podría decir que se materializó el «error mayor» de la Cancillería. Tal amateurismo y negligencia de parte de nuestras autoridades ha suscitado críticas a lo largo de todo el espectro político, caracterizándolos como «desprolijos» y «que están dañando al país».
Si bien en esta filtración se encuentran diversos problemas de índole relaciones exteriores, quizás uno de los más graves es otro: el relacionado con el proyecto minero Dominga mencionado en el mismo audio filtrado. Esto, pues la semana pasada se dio a conocer el rechazo a tal proyecto por el Comité de Ministros del Estado, en donde, supuestamente, su rechazo se dio por una razón de índole «técnica». De esta forma, el 18 de enero los ministros del Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía y Minería del Gobierno del Presidente Gabriel Boric pusieron fin a un largo proceso de casi 10 años en el que la empresa Andes Iron buscaba implementar el proyecto minero portuario Dominga en la comuna de La Higuera en el norte de Chile. Estos argumentos «técnicos» parecen contradictorios, dado que la misma autoridad técnica ambiental del Estado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ha declarado explícitamente: «El proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable (…) y ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos (ambientales sectoriales)».
Recordemos que, tras un largo y tortuoso camino judicial y burocrático de casi una década, el proyecto Dominga había obtenido una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en agosto del 2021, al igual que su aprobación total ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Incluso hasta la Corte Suprema había desestimado los recursos de los opositores a tal iniciativa de inversión. A pesar de todas estas instancias, aprobaciones y estudios, el Comité de Ministros decidió desestimar todo lo anterior para rechazar el proyecto bajo razones «técnicas», de paso sin especificarlas. Es difícil no pensar que tal decisión del comité ministerial fue más bien una de «tincada política». más que una decisión técnica, pues –al igual que los indultos recientes– el rechazo a Dominga también había sido una promesa de campaña electoral de Gabriel Boric, quien además fue férreo opositor de esta inversión desde sus años como diputado. Por lo demás, un comité a puertas cerradas de ministros elegidos por el Presidente de la República, por definición es político, y con sesgo hacia los partidos de la coalición, más que técnico. Pues bien, con esta reciente filtración de audio se fortalece la tesis de que la principal motivación de tal rechazo fue política, por sobre los datos y la técnica.
El proyecto minero Dominga conlleva una inversión de US$2.500 millones, es decir, alrededor de 25% del PIB de toda la Región de Coquimbo. El proyecto generaría 10.000 nuevos empleos directos durante su construcción, 1.500 nuevos empleos directos durante su operación, 25.000 nuevos empleos indirectos durante su construcción y 4.000 nuevos empleos indirectos durante su operación. Es decir, el proyecto generaría más de 40.000 empleos en total, todo eso en donde el 20,5% de los habitantes de La Higuera vive en situación de pobreza (doble del promedio nacional), el 51% no tiene acceso a servicios básicos, el 14% vive en condición de hacinamiento y en donde –según consulta ciudadana– el 96% de los habitantes está de acuerdo con la inversión (ver aquí).
Todo lo anterior no implica desconocer que proyectos como Dominga poseen daños y costos ambientales –que sin duda existen en este caso–, lo importare es evidenciarlos, mitigarlos y manejarlos de manera que estos proyectos se hagan viables minimizando sus costos ambientales y maximizando sus beneficios sociales. Pues bien, la mayoría de la política pública y las inversiones jamás serán neutrales con respecto al medio ambiente (siempre hay costos y trade-offs), lo importante es ser profesionales a la hora de saber mitigar sus impactos, maximizando el impacto social y económico de estos con reglas claras y predecibles. El impacto ambiental cero o nulo es una fantasía, que perseguirla va contra toda la teoría económica de las externalidades y que atentaría contra innumerables futuros proyectos privados y públicos (Anderson y Libecap, 2014). En efecto, con la intención de maximizar e incentivar las inversiones, pero a su vez manteniendo una sana protección del medio ambiente para balancear costos ambientales con beneficios socioeconómicos, es que en Chile se han creado mecanismos institucionales con herramientas técnicas y personal experto, alejando dichas decisiones de los vaivenes políticos.
Entonces, cabe preguntarse: ¿qué hay de las externalidades ambientales de Dominga? A fin de cuentas, nadie quiere que dicha inversión sea a costa de destruir irreparablemente el medio ambiente. Por lo mismo, el proyecto –cabe recordarlo– consta de los más altos estándares ambientales (tanto nacionales como internacionales, incluso más exigentes que todos los proyectos mineros vigentes), haciéndose cargo de (ver aquí):
Paradójicamente, la misma semana en la cual se rechazaba el proyecto Dominga, bajo la intención de «salvaguardar el medio ambiente», el actual Gobierno ecologista también anunciaba gastos de US$2.800 millones en subsidios a combustibles fósiles para seguir produciendo monóxido de carbono y contribuir al calentamiento global. De hecho, este mismo Gobierno ya en el 2022 había gastado US$3.000 millones para subsidiar combustibles (dicho costo fiscal asociado a financiar los combustibles a través del MEPCO equivale a 74 mil viviendas sociales o 3,7 veces el subsidio anual al Transantiago, ver aquí). Resulta al menos extraño que, por un lado, se decida por razones ambientales y técnicas echar por tierra una inversión como Dominga –que les cambiaría la vida a muchas personas de La Higuera y alrededores– y, por otro lado, se gasten miles de millones de dólares en la subvención de combustibles fósiles que privilegian a algunos pocos ciudadanos a costa del calentamiento global.
Dada esta paradójica «política ecologista» de subvencionar combustibles fósiles y dada la evidencia de la aprobación explícita del Servicio de Evaluación Ambiental y la filtración de los audios de Cancillería, se comienza a consolidar la tesis de que dicho proyecto de inversión se cayó, más bien, por la motivación ideológica y política de algunos burócratas y políticos de turno. Esto es un problema grave para el desarrollo del país, pues sugiere que la «tincada» y la discrecionalidad de los políticos podrían tener capturada la generación de inversiones que fomentan el bien común, todo a merced de decisiones que se hacen a la ligera e incluso a través de WhatsApp.
Cabe recordar que esta forma de arbitrariedad y discrecionalidad política de cara a las inversiones económicas no es nueva en Chile. De hecho, hace apenas un par de semanas en el país ocurrió un caso similar en un proyecto inmobiliario en Ñuñoa. Como bien señala Juan José Obach (ver aquí), los seremis de turno del actual Gobierno se dieron el lujo político de rechazar un proyecto inmobiliario en Ñuñoa que cumplía con todos los estándares ambientales. Dicho proyecto, «Plaza Egaña», tenía su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada desde mayo del 2019, pero, una vez más, la «tincada política» pudo más que nuestra institucionalidad técnica. Este precedente inmobiliario es igual de grave que lo ocurrido con Dominga, pues sugiere que los seremis, conversando por WhatsApp, se saltaron y desestimaron la legislación ambiental vigente, para perseguir sus propias ideologías y así debilitar nuestras reglas y la institucionalidad ambiental que debería salvaguardar las inversiones y los proyectos que cumplen con dichas reglas.
«Tanto lo de Dominga como el caso WhatsApp de Ñuñoa ponen un grave manto de dudas respecto a innumerables futuros proyectos de inversión que se encuentran en etapa de tramitación y alejan aún más a todos los inversionistas y empresas que querían creer e invertir en nuestro país».
Tanto lo de Dominga como el caso WhatsApp de Ñuñoa ponen un grave manto de dudas respecto a innumerables futuros proyectos de inversión que se encuentran en etapa de tramitación y alejan aún más a todos los inversionistas y empresas que querían creer e invertir en nuestro país. Todo esto finalmente daña nuestra institucionalidad y genera la impresión de que las «reglas del juego» en lo económico no existen, y que el país vive solo a los vaivenes y caprichos de los políticos de turno. Como establece la teoría económica, la ausencia de reglas estables, la alta arbitrariedad política y la inestabilidad de los derechos de propiedad y las inversiones, finalmente terminan por enterrar a los países en el subdesarrollo, la pobreza y la desorganización (North, 2001; Olson, 1996; Acemoglu y Robinson, 2012).
Que después de diez años de evaluaciones y estudios, la actual ministra del Medio Ambiente declare, por ejemplo, que en estos diez años «ocurren muchas cosas» y que simplemente «una línea base o una evaluación [ambiental aprobada] puede haber cambiado», son solo pequeñas muestras de la triste realidad de nuestra gran inestabilidad de las inversiones y de incertidumbre respecto a los futuros derechos de propiedad en el país. No nos extrañemos, después, cuando seamos incapaces de salir de la trampa del ingreso medio, de la pobreza y del subdesarrollo.
Publicado por: Pablo Paniagua y Emiliano Heresi Toni
Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.
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