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Una agenda pro desigualdad

La construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades ha sido por varias décadas un objetivo esencial de la política económica chilena. Cabe recordar que a mediados de los 70 se elaboró el denominado Mapa de la Extrema Pobreza, cuyo propósito era identificar rigurosamente a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, de modo de canalizar hacia ellos los esfuerzos de la política social.

La aplicación rigurosa de una disciplina de evaluación social de los diferentes proyectos de gasto público contribuyó a una sistemática declinación de los índices de pobreza en las últimas décadas.

En el plano de la distribución del ingreso, los progresos han sido más lentos, aunque investigaciones recientes muestran que hasta comienzos de la presente década esta mostraba una tendencia hacia la reducción de la desigualdad que por muchos años ha arrastrado la economía. La combinación de una política social eficaz -especialmente en lo que se refiere a la focalización de esta- y el logro de tasas de crecimiento de la actividad coherentes con el aumento del empleo y de las remuneraciones hacían razonable prever que dicha tendencia hacia una menor desigualdad en la distribución del ingreso debía continuar.

En el plano de las estrategias específicas para construir una sociedad de igualdad de oportunidades, desde hace varios años que se ha logrado un importante grado de consenso en el país en términos de la necesidad de impulsar un aumento en la calidad de la educación a la que acceden los sectores más pobres de la sociedad.

En lo que se refiere al vínculo entre educación y distribución del ingreso es importante destacar tres aspectos esenciales: i) En las economías modernas el “premio” -en términos de remuneraciones- que entrega el mercado hacia aquellos trabajadores que poseen nivel de educación y/o entrenamiento de calidad es elevado. ii) Como consecuencia de lo anterior, la demanda por acceder a una educación de calidad ha tendido a crecer fuertemente en numerosos países. iii) En diversas economías, los grupos más pobres no pueden acceder a esta educación de calidad, puesto que por alguna razón sus posibilidades de elección están restringidas a establecimientos públicos, los que en general muestran resultados insatisfactorios, en términos del aprendizaje de sus estudiantes.

Desde esta perspectiva, una verdadera agenda enfocada en la creación de una sociedad con más igualdad de oportunidades debería promover una mayor libertad de elección de las familias, que les permita acceder a mejores colegios, en un contexto de amplia oferta de proyectos educativos. Ello junto con la introducción de una estructura de incentivos en la educación pública coherente con un mejor desempeño de la misma. Desde luego, esto también supone elevar el volumen de recursos que se invierte en cada niño perteneciente a los sectores que son objetivo de la política social.

Lo que encontramos en la agenda educacional impulsada por el actual gobierno es exactamente un movimiento en la dirección contraria a lo que recomendaría la construcción de una sociedad más igualitaria. Así, se promueve el aumento en la participación en la oferta educacional de aquel sector que ha tenido un peor desempeño -con el consecuente atropello a la libertad de elección de las familias- al tiempo que se dificulta el desarrollo de proyectos educacionales privados.

Otro aspecto esencial dentro de una política social efectiva es la configuración de un cuadro favorable al acceso al empleo de los sectores más pobres de la sociedad, los que normalmente son los de menor educación y experiencia laboral. Si bien una evaluación de la institucionalidad laboral que ha prevalecido en Chile en las últimas décadas excede con mucho este espacio, es importante mencionar que esta ha logrado conciliar un persistente crecimiento del empleo y las remuneraciones, con bajos índices de conflictividad laboral. Desde esta perspectiva resulta difícil de justificar -especialmente en la óptica de una agenda “distributiva”- una reforma que tiene como objetivo esencial el fortalecimiento de los sindicatos, soslayándose los efectos que esta puede provocar sobre las posibilidades de acceso al empleo de muchos trabajadores.

Experiencias de economías que impulsaron reformas parecidas a las que se encuentran actualmente en discusión en Chile muestran cómo al cabo de un breve período de ajuste de las empresas se produjo un deterioro importante en la creación del empleo, de la participación de los trabajadores en el PIB, en un contexto de importante conflictividad laboral.

Podríamos prolongar el análisis de las consecuencias distributivas de otras reformas que se están planteando para la economía chilena -como en el área de la salud, por ejemplo-, las que en general dejan de manifiesto una abierta contradicción entre el proclamado propósito de construir una sociedad menos desigual, con una agenda de políticas que solo permite anticipar un aumento de esta, con las consecuentes tensiones que conlleva este divorcio entre la realidad y las expectativas.

Las opiniones expresadas en la presente columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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