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Para Lula, ¡La Ley!

La carta firmada por 40 dirigentes de oposición, liderada por la ex presidenta Michelle Bachelet, dando total apoyo a Lula da Silva, ex mandatario brasilero y condenado por corrupción y sobornos, ha evidenciado la inspiración de justicia para diversos sectores políticos, y en especial, de la izquierda latinoamericana. En la misiva se cuestiona duramente a la justicia brasilera por no “garantizar y respetar la Constitución” y “demostrar la debilidad” del juicio en contra Lula. ¿Qué es lo recurrente? El constante desprecio de la ley, la justicia y los procesos de purificación institucional cuando se trata de cercanos políticos.

La batalla contra la corrupción en Brasil parece haber tenido su exitoso punto cúlmine en el encarcelamiento del ex presidente Lula Da Silva por sus actos ilícitos en torno al caso OAS y Petrobras. Lava Jato, como se llama la investigación que han llevado los fiscales brasileros, es una de las más grandes contra delitos políticos en ese país, que data desde el 2013 y que ha condenó al otrora mandatario a permanecer tras las rejas por más de 12 años. El proceso judicial y la persecución penal para por fin desenmarañar una de las más grandes redes de corrupción en Latinoamérica ha estado, contra todo pronóstico, lleno de críticas. No es tan difícil adivinar de qué lado.

Uno de los más grandes reparos es la debilidad jurídica que reviste el juicio que ha condenado a Lula da Silva. Para los cercanos al ex mandatario, este proceso es parte de una estrategia política para desprestigiarlo y así lograr que no pueda ser candidato presidencial para las próximas elecciones en Brasil. En resumen, argumentan que es un atentado político a la democracia brasilera. Ante esto, hay que considerar que ya han sido tres instancias las que han ratificado la condena, primero por 9 años, y luego ampliada a 12 por el Tribunal de Apelaciones, y luego por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que rechazó una petición de liberación.

“Al parecer, para aquellos que firmaron la carta de apoyo a Lula, la única concepción de justicia es aquella que satisfaga su interés más importante, que justifique su maquinación y su afán de poder.”

Por otro lado, respecto a ser un “juicio arbitrario”, dos de los tres jueces de apelación que aumentaron su pena habían sido nombrados en su momento por la sucesora política de Lula, la destituida mandataria Dilma Rousseff. No hay tal maquinación política, sólo delirios de persecución.

Estas críticas a la justicia reflejan un cinismo que llega a ser no sólo absurdo, sino patético, porque lo que quieren hacer parecer los opositores a la condena de Lula da Silva es que la justicia está siendo tergiversada para favorecer a un sector político contrario a ellos. No están pidiendo justicia imparcial, no están pidiendo un juicio con todas sus garantías, sino una justicia adecuada a sus intereses. Una justicia ad hoc que sirva para resguardar sus intereses políticos, no tan rígida y llena de observaciones, conjeturas y, por lo tanto, de relativizaciones. Bajo esta perspectiva torcida, se pide esa “real” justicia y todo el rigor de la ley cuando es el adversario el que está contra las cuerdas, pero las mayores indulgencias cuando es un aliado el cuestionado. Esa es su justicia.

En el fondo desprecian la ley en su sentido más natural, aquella que deba ser cierta, general e igual para todos. Una ley libre de arbitrariedades o privilegios que se aplica uniformemente y no a grupos particulares. Pero al parecer, para aquellos que firmaron la carta de apoyo a Lula, la única concepción de justicia es aquella que satisfaga su interés más importante, que justifique su maquinación y su afán de poder. Piensan que deberían tener una ley para ellos mismos, y que cada uno de ellos debiese decidir por sí mismos si la aceptan o no. El revestimiento moral con que se escudan, aludiendo a proteger las democracias latinoamericanas es justamente lo que ha propiciado la desconfianza institucional de la sociedad en el sistema democrático y en la clase política. Menosprecian la justicia tanto como la democracia cuando no les son serviles a sus justificaciones, y, por lo tanto, no hacen más que concretizar el dicho “Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley”.

Las opiniones expresadas en la presente columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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