Pacto migratorio

Señor Director.

Algunas precisiones sobre el pacto migratorio de la ONU:

1) Se afirma que el pacto no es jurídicamente vinculante, lo cual en efecto se manifiesta explícitamente en su texto. Sin embargo, el Derecho Internacional se configura no solo por tratados explícitamente vinculantes, sino también por prácticas, costumbres y declaraciones de voluntad que en última instancia sí poseen efectos jurídicos. Tal es el caso del referido pacto, el que por lo demás compromete a los Estados signatarios a aprobar una serie de leyes nacionales para implementar sus acuerdos.

2) Se sostiene que al no firmarlo el gobierno se estaría alineando con la derecha dura antiglobalista de Donald Trump, Viktor Orbán y Matteo Salvini. Pero también hubo países como Dinamarca, Australia Suiza, Israel y Austria, entre otros, que no firmaron el pacto y a los que difícilmente puede calificarse de “derecha dura”. Del mismo modo, el pacto ha sido firmado por una serie de naciones que lideran en materia de violaciones a los derechos humanos y por casi un centenar de naciones consideradas antidemocráticas, por lo que la firma del pacto nada dice del estatus ético de quienes lo suscriben.

3) Es importante señalar que el pacto garantiza todo tipo de derechos, incluidas prestaciones sociales de cargo de los contribuyentes nacionales a todos los inmigrantes, sean estos legales o ilegales, lo cual es claramente insostenible y crea incentivos para una inmigración ilimitada hacia países con mayor desarrollo como es el caso de Chile en nuestra región.

4) Aunque tiene puntos valiosos, el pacto manifestó una visión totalmente unilateral de la migración, llegando a establecer explícitamente que los signatarios se comprometen a promover una visión exclusivamente positiva de la misma, lo cual ignora la evidencia que muestra los problemas de la migración tanto regular e irregular, sesgando la discusión respecto de un tema de alta complejidad.

5) El objetivo número 17 del pacto establece, en términos generales, compromisos para crear delitos basados en “prejuicios”, penalizar “cualquier acto de incitación a la violencia contra inmigrantes” y permitir la denuncia de conductas “xenofóbicas”, “intolerantes” o”racistas”. Aunque a muchos suene razonable, dada la flexibilidad y arbitrariedad en la interpretación de los conceptos anteriores y la ausencia de una clara demarcación entre crítica fundada y los contenidos que se pretende censurar, el pacto abre las puertas, entre otras medidas, a las infames leyes de discurso de odio” claramente restrictivas de la libertad de expresión que el mismo pacto dice defender y que podrían llegar incluso a penalizar la sátira religiosa, expresiones criticas o burlescas en redes sociales o la condena de prácticas culturales incompatibles con los valores de los países receptores de inmigrantes. Cabe destacar, además, que el pacto establece esta obligatoriedad solo para acciones calificadas como “racistas e intolerantes” de parte de la población local hacia los inmigrantes, excluyendo por completo los actos de intolerancia y racismo de estos hacia la población local, los que quedan absolutamente impunes.

6) En la misma lógica anterior, el pacto insta a los gobiernos a sancionar a los medios de prensa que no se ajusten a la visión que el mismo pacto propone como aceptable sobre la migración, generando así una potencial amenaza a la libertad de información y ofreciendo de paso pretextos a las decenas de regímenes no democráticos que lo han suscrito para atacar a la prensa independiente y alternativa que les resulte incómoda.

7) Finalmente, vale la pena recordar que las políticas de integración e inclusión multicultural a que se refiere el pacto, de acuerdo a lo reconocido por líderes como la misma Angela Merkel en 2010, han resultado un fracaso completo, generando sociedades paralelas en Europa y crecientes tensiones culturales cuyas repercusiones políticas son hoy evidentes. No existe, por lo tanto, razón alguna para suponer que la implementación del pacto mejorará una situación migratoria que ya se encuentra desbordada, sino todo lo contrario.

Por las razones anteriores y muchas otras, la decisión del gobierno de Chile de no suscribir el referido pacto ha sido la más responsable y, sin duda alguna, la más alineada con los intereses nacionales, aunque claramente no sea “políticamente correcta”.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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