La izquierda knock out

5.287 ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad, bajo la excusa de la ‘resistencia a la autoridad’. Solo en 2018. Así se consigna en el informe de la ONU respecto a la situación en Venezuela, recientemente presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Un golpe directo a la línea de flotación del régimen socialista presidido de facto por Nicolás Maduro. Pero también una estocada a una parte de la izquierda mundial, incluida la chilena, al desmoronar las bases discursivas en las cuales todavía amparaban sus apoyos al régimen chavista, al reflejar de manera fehaciente que existen patrones de violaciones que afectan, directa e indirectamente, a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

El reporte es claro en indicar que ‘la economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial’ y que ‘las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos’. Esto derriba la cháchara del bloqueo y el intervencionismo como causales de la crisis. El mismo informe es claro en decir que ‘durante al menos una década, el gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho’. Esto incluye, por ejemplo, expropiaciones a destajo y vulneraciones sistemáticas al derecho de propiedad de los ciudadanos. Es decir, el informe ratifica lo que por años se ha denunciado: que las medidas socialistas aplicadas en Venezuela, desde los tiempos de Hugo Chávez, tendrían costos sociales, económicos y políticos altísimos para la sociedad venezolana.

Frente a lo anterior, una parte importante de la izquierda chilena, que por varios años ha avalado las acciones autoritarias y corruptas del chavismo, se ha quedado sin sustento discursivo para dar su apoyo abierto a lo que ellos han seguido llamando y considerando como una democracia. Y eso se ha notado en dos formas de enfrentar la severidad del reciente informe: el oportunismo y el negacionismo más indolente. Algunos han entrado en ese juego, en algunos casos, casi de forma descarada. El senador Alejandro Navarro, por ejemplo, a propósito de la situación de los venezolanos en la frontera norte, solicitó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos enviar un relator especial. Su nivel de descaro y oportunismo llegó a tal nivel que dijo: ‘hay una Crisis Humanitaria que va en aumento. Se están violando los DD.HH. de niños y mujeres embarazadas. Y Chile niega refugio violando normas de la ONU’. El senador, que además preside la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, no dijo nada respecto a lo que ocurre en Venezuela, ni un cuestionamiento al gobierno de Nicolás Maduro, pero sí acuso de populismo migratorio al gobierno chileno.

Lo que olvida el senador Navarro y otros tantos, es que el problema de los migrantes venezolanos viene hace rato siendo planteado. Hace tiempo que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) calificó el éxodo venezolano, que se viene produciendo hace años, como «el más grande en la historia reciente de América Latina». ¿Dijo algo el senador Navarro antes? ¿O simplemente aprovecha la ocasión para hacer oposición a Piñera?

Claramente, para el senador Navarro solo hay efectos y no causas, según convenga. Olvida que los venezolanos pidiendo asilo en la frontera norte chilena son la prueba fehaciente del fracaso del socialismo del siglo XXI que él defiende y que, a diferencia de la Venezuela que él aplaude como un régimen ideal, en Chile todavía prima la democracia, la libertad y la esperanza.

Otros han sido más sutiles en su oportunismo, como Beatriz Sánchez, que planteó que Nicolás Maduro dé un paso al costado, asumiendo su responsabilidad en la violación a los Derechos Humanos. Lo que olvida la excandidata presidencial es que el problema en Venezuela no es solo Maduro sino el régimen socialista enquistado. Ese régimen dictatorial, al que hasta hace poco ella misma definía como una democracia en crisis, hace años no garantiza ni elecciones libres ni el libre ejercicio de los derechos políticos y civiles de los venezolanos. Y eso, el informe de la ONU lo explícita, por ejemplo, cuando indica que el supuestos Defensor del Pueblo, órgano cooptado por los chavistas desde 2001 en los tiempos de Chávez, más que protector es un persecutor del pueblo mismo.

La pérdida de libertades económicas y políticas se viene denunciando desde hace años por parte de diversas entidades, mostrando que Venezuela dejó de ser una democracia hace tiempo. Los hechos descritos en el reporte de la ONU, como la militarización de la sociedad, ya habían sido advertidos por Andrés Oppenheimer en 2005, cuando Chávez creó una Guardia Territorial compuesta de civiles armados que dependía directamente del presidente. O sea, el caudillo militar se armó sus propias SS al más puro estilo nazi. ¿Qué dijo la izquierda chilena ante esa medida realmente fascista? ¿No supo de esto Beatriz Sánchez? Ahora se muestran consternados. Pero todo eso se sabía de antes. Y ni hablar de la persecución política, las expropiaciones, el amedrentamiento sistemático a la prensa crítica, como el cierre de RCTV, o los despidos de funcionarios en función de la adhesión y veneración a Chávez y el socialismo, tal como ocurrió en empresas como PDVSA y algunas universidades estatales. Todo eso ocurre hace años, como para no decir que Venezuela era simplemente una democracia en crisis.

Lo cierto es que la única diferencia del reciente informe de la ONU con respecto a otros reportes que denunciaban lo mismo mucho tiempo atrás, como los realizados por Human Right Watch, Amnesty, Caritas, Encovi o Reporteros sin Frontera, es que un ícono de la izquierda mundial, como lo es Michelle Bachelet, es la que da el golpe de gracia al erróneamente idealizado modelo chavista, inspirado en el socialismo del siglo XXI.

El informe de la ONU derriba los castillos en el aire que por años han construido los adeptos al chavismo y al socialismo del siglo XXI. Refleja el fracaso económico del régimen socialista para generar bienestar para su población y además hace explícito su absoluto fracaso moral, porque ha generado miseria, esclavitud, servidumbre, corrupción, tiranía y muerte. Así lo muestran claramente los puntos 48 y 49 del reporte, que describen el actuar criminal de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que, bajo la excusa de la resistencia a la autoridad, han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, las cuales alcanzaron en 2018 las 5.287 muertes, según el propio gobierno de Maduro. Solo en 2019, el régimen socialista, tal como consigna el mismo informe, reportó 1.569 fallecidos bajo el mismo concepto. Es decir mil y tantos casos, tan irregulares como el asesinato de Camilo Catrillanca.

El reporte de la ONU, además, ha permitido evidenciar la miseria moral de una parte de la izquierda que se proclama promotora de los Derechos Humanos, pero que no duda ni un segundo en aplicar el negacionismo cuando les conviene. Así, por ejemplo, algunos miembros del Partido Comunista pretenden deslegitimar el informe o al menos bajarle el perfil acusando parcialidades. Dicen estar realmente preocupados por lo que ocurre en Venezuela y por eso cuestionarían el informe. Claro, no les gusta porque no culpa de todo el caos a las sanciones sectoriales, ni a los supuestos golpistas, ni a la oposición, ni a Piñera, ni a los yanquis. En ese sentido, están igual que el cantante Alberto Plaza, al que no le gustó el reporte simplemente porque ‘lo hizo’ Bachelet. La lógica más burda de Hugo Gutiérrez.

El negacionismo de una parte de la izquierda chilena respecto a las violaciones de los Derechos Humanos bajo regímenes socialistas o comunistas no es nuevo. Ha existido en el pasado con respecto a Cuba, la RDA y el bloque soviético completo. En esa misma línea, en agosto de 2018, la diputada Claudia Mix decía sin inmutarse: ‘no creo que exista violación a los DD.HH. en Venezuela y Nicaragua’. Eso es negacionismo puro. Ahora, algunos connotados comunistas como Carmen Hertz o Guillermo Teillier han mostrado abiertamente esa lógica negacionista frente al informe de la ONU. En su afán por apoyar a la dictadura asesina en Venezuela, han levantado argumentos parecidos a los que enarbolaban adeptos a la dictadura chilena cuando internacionalmente se denunciaban las violaciones a los DD.HH.: los comunistas chilenos exigen más pruebas. A ese nivel ha llegado su miseria ideológica. Están knock out.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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