La disciplina de la Economía de Mercado

Durante las últimas semanas hemos presenciado diversas manifestaciones de repudio hacia la colusión detectada en los mercados de algunos productos derivados del papel. Estas reacciones son plenamente justificables, en tanto tales prácticas representan estrategias ilegítimas de obtención de utilidades, contrariamente a lo que ocurre en contextos de competencia. En estos, la creatividad de los empresarios y su capacidad para atraer el interés de los consumidores es la principal fuente de beneficios.

En la evaluación de las implicancias de política del caso de colusión en productos derivados del papel, es importante destacar que este hecho deja de manifiesto, una vez más, la efectividad de la institucionalidad vigente para detectar este tipo de conductas anticompetitivas. Desde esta perspectiva, la irrupción de este y otros casos que pudieran aparecer, representan una muestra de la eficacia de la institucionalidad económica vigente y no lo contrario, como se desprende de muchas de las opiniones que se han vertido en el fragor del debate.

La competencia es el pilar básico de un sistema económico que ha traído enormes beneficios al país. Esta idea resume un sistema que privilegia la libertad de elegir de los consumidores, junto con el premio al esfuerzo empresarial. De esta manera, el establecimiento de mecanismos efectivos de defensa de la competencia es un aspecto esencial para el buen funcionamiento de este sistema económico.

Sin embargo, el establecimiento de mecanismos eficaces de detección y castigo de prácticas monopólicas del sector privado representa solo un ángulo de la tarea que envuelve la construcción de un sistema económico que premia el esfuerzo y la innovación. En efecto, en muchas economías se encuentra muy desarrollada la práctica de acceder a beneficios a través de un acceso privilegiado a los recursos públicos, algo que naturalmente se encuentra muy distante al tipo de sistema económico mencionado.

Así, la misma historia de las economías latinoamericanas -y también de economías desarrolladas que adoptaron el esquema de “Estado Benefactor”- muestra una tendencia recurrente a promover un crecimiento del tamaño de los gobiernos, proceso que está unido a una intensa demanda por los recursos envueltos. En este contexto, suele manifestarse una presión sobre las autoridades para que introduzcan regulaciones que restrinjan la competencia que enfrentan los grupos de presión.

Este tipo de situaciones era bastante habitual en nuestra propia economía algunas décadas atrás, cuando algunos grupos podían alcanzar importantes utilidades como consecuencia de un privilegiado acceso a muy restringidas cuotas de importación que administraba el gobierno de turno. También se podía alcanzar importantes beneficios a través de la obtención de un financiamiento -tan escaso como barato- en un contexto marcado por la represión financiera y la inflación.

En el último tiempo hemos visto reaparecer con fuerza una serie de presiones conducentes a aumentar el tamaño del gobierno y acceder a los recursos que este proceso envuelve. Así, hemos conocido de realidades de remuneraciones y beneficios de reparticiones y empresas públicas que distan de lo que podría considerarse como “condiciones de mercado”.

Por otro lado, la agenda de políticas públicas del actual Gobierno apunta a impulsar un fuerte aumento de la participación del Ejecutivo en la oferta de actividades tan importantes: la educación, la salud y otros. Sin embargo, tales iniciativas no solo son cuestionables desde el punto de vista de la eficacia del proceso de asignación de recursos, sino que, además, atentan contra un principio básico de una sociedad libre, como es la libertad de elección de los consumidores. Un ejemplo elocuente de ello es la agenda educacional en desarrollo, donde para importantes segmentos de la comunidad las opciones de elección quedarán restringidas esencialmente a colegios públicos.

Resulta difícil sostener que las grandes reformas actualmente en discusión, como la educacional y la laboral, apunten a favorecer a los grupos más pobres de la sociedad, los que verán limitadas sus posibilidades de elección en materia educacional y también sus perspectivas de empleo. Esto último como consecuencia del establecimiento de restricciones a la competencia en el mercado laboral que conlleva el proyecto actualmente en trámite legislativo.

Estas iniciativas -ardorosamente defendidas por sus beneficiarios- no corresponden al tipo de casos que habitualmente examinan los organismos a cargo de la defensa de la competencia, pero merecen una debida atención dentro del análisis de las políticas públicas. Más aún en un contexto donde verdaderamente se busca construir una sociedad donde el mérito, y no los privilegios, son el principal vehículo de progreso.

Los recursos y privilegios de las políticas públicas en un sistema de economía de mercado deben estar concentrados en los grupos más pobres.

Esto es lo que hace que una política social sea verdaderamente efectiva en la construcción de una sociedad de igualdad de oportunidades.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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