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Fiskales Ad-Hok

Mientras cae el telón de varios casos judiciales de alta connotación pública, que removieron con fuerza algunos sedimentos de nuestro sistema político que parecían inexistentes, podemos observar la realidad con la distancia que requieren los juicios serenos. Para muchos, las condenas de los casos Caval y Penta son insatisfactorias, y los autores de los delitos no habrían recibido el castigo que les correspondería. Puede ser. Pero hay una arista de estos casos que también merece atención, que es el rol de los fiscales en nuestra “civilización del espectáculo”. Y es que con la Reforma Procesal Penal el peso de la investigación y acusación de los delitos pasó de los jueces al Ministerio Público, un cambio necesario a todas luces, pero que también elevó la figuración pública de los fiscales, al punto que ningún medio de comunicación que se precie puede carecer de la referencia, al menos semanal, a las pericias de algún fiscal que se encuentre en medio de un caso de interés público. De ahí que nuestra escena haya sido tomada por los Gajardo, Abbott, Norambuena, Arias, Chong, Gómez y un buen y largo etcétera.

El cambio tuvo beneficios en términos de justicia, de legitimidad del sistema, de control por parte de la ciudadanía, de garantías para los intervinientes; al mismo tiempo, corre el riesgo de transformar la justicia en un mero espectáculo, y a los fiscales en actores principales, pero lejos de la función que les corresponde. La banalización del ejercicio del poder que vemos en nuestros políticos -por ejemplo, el caso de Florcita Motuda- también toca la puerta de los tribunales.

Esta espectacularización del trabajo de los fiscales es raíz de varios problemas. Cuando se lanzan verdaderas bombas mediáticas, donde el fiscal a cargo del caso anuncia a todo el país que irá por la cabeza de algún pez gordo por un delito gravísimo, al mismo tiempo genera expectativas de una condena tan intensa como el delito cometido. Aparece una efervescencia justiciera, crecen los anhelos. Pasan los meses, corre la investigación, y no se logra condenar a los imputados. Además de la frustración por no obtener una condena, queda el trago amargo de no haber obtenido el castigo para el delincuente.

“gran parte de la frustración viene dada por que el espectáculo no cumplió lo que prometía”

 

Esa distancia entre las expectativas generadas y las condenas obtenidas se transforma en un problema político, pues deslegitima a la institucionalidad completa, y pone en duda la utilidad de los tribunales de justicia. Y se olvida que gran parte de la frustración viene dada por que el espectáculo no cumplió lo que prometía: el gran sacrificio público del delincuente, que vendría a restaurar el orden que se nos aparece perdido. No extraña, entonces, que crezca el populismo penal, pues se tiene la sensación de que “el sistema no está haciendo nada”.

Esto también convoca los fantasmas de la auto tutela, de la justicia por las propias manos. Por eso, muchas veces las “detenciones ciudadanas” se trasforman en una ordalía, donde se liberan los demonios escondidos. “Es que el sistema no funciona”. De a poco empezamos a entender la justicia como un show, con rating, al mejor estilo de Netflix o de la Doctora Polo, en el cual lo importante es la satisfacción de un clamor ciudadano y que el delincuente sufra en carne propia un castigo lo más duro posible. Pero cuando se trata de impartir justicia justa, cuando el deber del juez es ponderar con calma los méritos del caso, todo el ruido ambiente se vuelve una distracción inútil. Y clamamos por más sanciones y fiscales que de verdad nos gusten. Mejor limitar las apariciones públicas de nuestros rockstars de la justicia y sancionar a quienes filtren información a los medios, en vez de buscar a fiscales a nuestra pinta, fiscales ad hoc.

Las opiniones expresadas en la presente columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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