Emergencia económica

Hace pocos días, el Presidente de Francia, François Hollande, declaró el “estado de emergencia” en la economía de dicho país, dadas la severidad y persistencia que ha alcanzado el problema de desempleo. En especial en lo que dice relación con el desempleo juvenil, que por largo tiempo se ha mantenido dentro de los niveles más elevados de la zona euro.
 
Poco antes, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había también declarado el “estado de emergencia económica”, el que por estos días está en discusión en el Parlamento de dicho país. En este caso, la eventual aprobación de dicho régimen entrega amplios poderes al gobierno para acceder a los recursos del sector privado. Desde luego, los problemas económicos de Venezuela van mucho más allá de un mal funcionamiento del mercado laboral. Estos comienzan con una extendida red de distorsiones y desequilibrios, los que recuerdan la experiencia económica chilena durante la Unidad Popular.
 
Si bien Brasil no ha declarado la “emergencia económica”, me parece que en los hechos el estado actual de su economía bien califica para esa condición. Se trata de una economía atrofiada por las regulaciones y el crecimiento del tamaño del gobierno, lo que no solo ha ahogado la productividad, sino que ha alimentado serios problemas de corrupción. La síntesis del pobre desempeño que observa la economía brasileña en los últimos años se encuentra en una severa recesión, la que no muestra indicios de concluir.
 
Más allá de la coincidencia que observan los países mencionados en términos de problemas en algún aspecto del funcionamiento de sus economías, las diferencias entre ellos son bastante obvias. Así, mientras la economía de Francia se encuentra entre las más desarrolladas del mundo -condición a la que ha contribuido una institucionalidad estable, fortalecida por el proceso de integración a la zona euro-, la realidad de Brasil es muy diferente. En efecto, la Constitución vigente en este país -establecida en 1998- pretende garantizar el acceso de la población a ciertos “derechos sociales” a través de regulaciones y el gasto del gobierno, situación que contribuyó a alimentar -al menos por un tiempo- la ficción de un mejoramiento en las condiciones de vida de los grupos más pobres, pero que en definitiva terminó representando un obstáculo en el acceso al empleo de estos, con la consiguiente dificultad que encuentran para elevar sus condiciones de vida. También esta Constitución restringe fuertemente la posibilidad de realizar recortes al gasto público. La frustración que provoca este desencuentro entre la realidad y las promesas que surgen de una agenda populista han aflorado con fuerza en los últimos años.
 
Un denominador común a estos episodios de “emergencia económica” -declarada o no- es la aplicación previa de una estrategia de política económica, inspirada en una supuesta capacidad del gobierno y sus regulaciones para mejorar el desempeño de la economía. En algún caso, este tipo de estrategia surge de una confianza en la eficacia de la “mano visible” del gobierno para asignar recursos; sin embargo, a mi juicio, lo habitual es que ello sea el resultado de las acciones de grupos que, a través de la aparente defensa de objetivos tan loables como la reducción de las desigualdades en la sociedad y el mejoramiento de las condiciones de vida de los más pobres, terminan alimentando el establecimiento de regulaciones que les permiten limitar la competencia que enfrentan en sus respectivos mercados, o simplemente mejorar sus condiciones de acceso a los atractivos recursos públicos.
 
Cada una de estas experiencias entrega, con los matices del caso, lecciones importantes de considerar. Por ejemplo, resulta interesante revisar estudios que muestran el efecto de reformas laborales que sucesivamente se introdujeron en Francia a partir de fines de los 60, las que esencialmente apuntaron a restringir la flexibilidad salarial y a fortalecer el poder de los sindicatos. Como es habitual, tales reformas se impulsaron bajo el pretendido propósito de mejorar la participación de los trabajadores en el producto. Sin embargo, tras un breve período en el que se produjo un aumento en la participación de los trabajadores en el producto, se inició un proceso gradual de deterioro de esta, con el consecuente daño en las posibilidades de acceso a un trabajo estable de los grupos menos calificados.
 
En Chile, en un contexto donde se promueve una reforma laboral cuyo objetivo esencial es elevar el poder de los sindicatos, al tiempo que se levanta un proceso de reforma a la Constitución, donde uno de los aspectos que han destacado sus impulsores es la necesidad de introducir los “derechos sociales”, parece particularmente oportuno examinar el origen de las actuales “emergencias económicas” de economías como las de Francia y Brasil. La experiencia de otros países que han adoptado políticas similares a las que están en el debate público debe ser un antecedente esencial para el mismo. De lo contrario, en un futuro no muy lejano estaremos “postulando” para ser admitidos en el, por ahora, muy selecto club de países en estado de “emergencia económica”.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


Comparte esta publicación: