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El manifiesto conservador

El Manifiesto de la República y el buen gobierno, publicado en febrero, ha generado alto revuelo. Diversos columnistas han opinado acerca de este documento, algunos aplaudiendo su contenido y otros planteando sus discrepancias. En respuesta, sobre todo a las críticas, algunos de sus autores han planteado, en entrevista y columnas, que el texto es una propuesta de reflexión más bien pragmática, no ideologizada ni sobre teorizada, acerca de la realidad del país y los problemas que nos aquejan. Paradojalmente sin embargo, dicen que la derecha debe entender que no basta la gestión, sino que debe tener una visión ideológica e integral para tener un debate más sofisticado.

Efectivamente, el escrito se ha constituido en un llamado a reflexionar, pero sobre todo sirve, no para armar un programa política bajo una mirada de corto plazo, sino para transparentar en serio, las posiciones ideológicas en el alicaído debate público chileno, tan acostumbrado a los binomios simplones de derecha e izquierda. Es justo y necesario, sobre todo cuando prevalece la tendencia perezosa a refugiarse en dichos léxicos como quien adhiere a una camiseta de fútbol, sin mayor profundidad en cuanto a qué fundamentos ideológicos se abrazan para pensar políticamente el país.

En ese sentido, el texto sí conlleva un contenido ideológico no explicitado, que no es comunitarista ni socialista como algunos han planteado. El Manifiesto por la República y el buen gobierno es un texto claramente conservador. Pero ojo, lo es no al estilo conservador británico, sino más bien al estilo siglo XX chileno. Decir que es conservador no debería tomarse como un afán reduccionista ni peyorativo en ningún caso. Solo como una constatación importante en cuanto a los elementos ideológicos ―porque los conservadores también tienen ideología― que subyacen en este escrito. Es importante hacer la salvedad, si es que realmente se quiere debatir en serio acerca de cómo se piensa Chile. Porque aun cuando se diga que se intentan conciliar criterios conservadores, nacionalistas, socialcristianos, gremialistas y liberales, el texto en realidad refleja la fuerte revitalización de la tradición conservadora en el plano político.

Una lectura detenida y reiterada de El Manifiesto permite visualizar que hay ciertas ideas centrales que atraviesan el documento. Algunas se ligan con discusiones políticas actuales, pero otras denotan planteamientos claramente ligados al conservadurismo chileno del siglo XX y que me gustaría abordar con más detalle. El texto se construye a partir de la apelación a la república y la nación como ejes centrales desde los cuales se mencionan otras ideas como la valoración de la política, la deliberación democrática, la integración, la sociedad civil y el buen gobierno.

La República sería la cosa común en contraste a lo que, según los autores, sería la actual primacía del egoísmo y una noción atomizada del ser humano. Esta nos recordaría «que tenemos un destino común» y que nuestra realización personal se «inserta en un orden más amplio». La República, como ámbito de deliberación de los asuntos públicos, sería contrapuesta al ejercicio de las preferencias personales expresadas mediante el consumo en el mercado. La República, entonces, sería el ámbito donde se armonizarían los intereses privados, integrándolos a un proyecto colectivo, mediante la actividad política. Esta última tendría como función esencial la búsqueda del bien común y sería expresión de la máxima libertad. Se hace así una sutil distinción con respecto a la política partidista que predomina actualmente.

La Política ―con mayúsculas― sería un ámbito de la ética que no concierne solo a los políticos de profesión sino a cada uno de nosotros como parte de un cuerpo social. Suena bien y se puede estar de acuerdo, pero uno podría inferir ―aun cuando el texto parece no negarla― que en ello hay una crítica soterrada a la democracia liberal pluralista y representativa fundada en el individualismo liberal. Esto toma mayor claridad si consideramos lo planteado en relación al Estado y la idea de «una burocracia dotada de sentido patriótico». La pretensión de una administración pública ajena a los faccionalismos de la disputa política se podría interpretar como una mirada nostálgica de carácter aristocrático, antes expresada, por ejemplo, en los discursos tecnocráticos. Los funcionarios del Estado se conformarían como un cuerpo fuera de toda deliberación política «en una rica tensión con la sociedad civil». Aquellos con sentido patriótico serían los guardianes del bien común de la nación, aquel ámbito de la existencia común, ese orden más amplio que supera lo individual, como plantean los autores.

La noción de un Estado fuerte, libre de faccionalismos políticos que lo desvíen de su búsqueda del bien común y fundado en la prominencia de hombres virtuosos en el poder, no ha sido extraña en el pensamiento conservador chileno. Esto se liga con la vieja idea de las jerarquías naturales, el alto valor moral de la élite y la sobriedad de los gobernantes ―que los autores claman―. Pero además, se relaciona con la fantasía de un cuerpo burocrático como reserva moral de la nación o la patria. Paradojalmente, esta visión elitista entra en clara contradicción con el llamado de los autores a la deliberación política y democrática.

Coherente con ese acento elitista, el Manifiesto está atravesado por una interpelación constante en relación a la falta de virtud política de los ciudadanos, los cuales se comportarían como burdos consumidores satisfaciendo apetitos y no como sujetos con alto talante público. Frases como «la demagogia no se combate con promesas fáciles, sino acostumbrando a los ciudadanos a oír la verdad, aunque sea dolorosa», denotan un claro sesgo paternalista, muy ligado a una cierta noción republicana donde el buen político debe dirigir al pueblo. Bajo ese prisma, no es raro que los autores consideren imperioso que los ciudadanos comprendan que «el bien personal no puede ser buscado a costa del bien común».

Coherente con tal enfoque, se enarbola un discurso perfeccionista que considera necesario «promover modelos donde el ahorro, la sobriedad, el trabajo duro y la entrega generosa ocupen un lugar relevante». El sesgo elitista se hace evidente cuando se dice que es necesario que los chilenos «adquieran hábitos de generosidad, templanza, laboriosidad y entrega desinteresada». Así, la noción de república no se reduce a reconocer la necesidad de contrapesos institucionales y la división de poderes (aunque nunca se habla de federalismo por ejemplo), sino que expresa cierta desconfianza ―de los autores― con respecto a la racionalidad de los ciudadanos. Lo paradójico es que si hay algo a lo que debería apuntar el desarrollo y la promoción de virtudes entre las personas es al autogobierno, es decir, a la prescindencia del tutelaje estatal.

En relación a lo anterior, aunque en el texto no es explícita, es apreciable una sutil crítica a ciertos fundamentos o principios del liberalismo ―quizás en otro escrito me haga cargo de abordar aquello―. Al parecer, para los autores, el liberalismo sería una especie de némesis de los valores republicanos. En primer lugar, la noción de individualidad es vista como un elemento disociador, pues al exacerbar los afanes personales, disolvería los lazos comunes dando paso a sujetos atomizados, es decir, a «personas preocupadas de su bienestar que se tornan insensibles a la responsabilidad que tienen a favor del resto de la sociedad y, particularmente, de los menos favorecidos». Las vindicaciones individualistas generarían una tensión entre las “fuerzas espirituales de la sociedad” que estarían detrás del orden más amplio al que aluden los autores. Pero además, este individualismo liberal sería corruptor en tanto pervierte la sobriedad de las élites dando paso a la corrupción política de los gobernantes y el egoísmo de los ciudadanos. Sin decirlo, los autores replican una idea extendida entre la intelectualidad conservadora del siglo XX, de que el liberalismo prioriza la codicia por sobre la misericordia y la soberbia en desmedro de la sobriedad. Así, para los autores del Manifiesto por la República, el individualismo liberal sería no solo anti político sino causante de la crisis moral de la sociedad chilena, y por tanto contrapuesto a ese «orden más amplio». Al disolver los lazos comunes y exacerbar los afanes individuales de las personas, daría paso a las vindicaciones socialistas que promueve la izquierda y que se traducirían en un estatismo individualista, nutrido de la irresponsabilidad del ciudadano con respecto al resto de la sociedad. Esta crítica, muy sutil, se asemeja en ciertos aspectos a las realizadas mucho antes por conspicuos pensadores conservadores chilenos, sobre todo a inicios del siglo XX.

Otro elemento que se critica sutilmente en el texto tiene relación con el formalismo legal que plantea el liberalismo. A partir de esto, no es raro que se cuestione la «abstracta igualdad ante la ley» y se considere ―de manera no explícita― a ciertas libertades, como la de expresión, una mera ilusión «si las personas son víctimas de una educación de mala calidad». En este sentido, aunque no explícita nuevamente, es clara el desdén con respecto a la noción de libertad negativa como no invasión del gobierno. La crítica al formalismo legal del liberalismo, en contraste a la realidad social, es típica en el conservadurismo chileno, pues se la considera no solo como una especie de intelectualismo, sino como una predisposición peligrosa hacia el atomismo y la anarquía. Esta última palabra no está en el texto por azar.

Al escribir estas líneas, no es mi pretensión que los autores del texto abracen el liberalismo ni que la derecha lo haga. Tampoco mi idea es discutir sobre cuestiones más bien teóricas como si existe o no la sociedad, o si somos seres atomizados o gregarios. De hecho, les agradezco a los autores el haber escrito el Manifiesto por la República y el buen gobierno pues, en alguna medida, permite separar aguas y comprender los cauces que el debate político chileno está tomando. También permite visualizar que el liberalismo tiene un desafío, no solo porque como doctrina política no ha existido en Chile desde hace más de 100 años, sino también porque obliga a aquellos que se consideran liberales o creen en la libertad en sentido amplio como un ideal, a ponerse a pensar bien y políticamente qué tipo de principios, valores y preceptos defienden. Esto, no en base a meditaciones particulares ni bajo un pragmatismo pulcro en relación a ciertas políticas públicas, sino directamente en el espacio público de manera comprometida con tales ideales.

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Las opiniones expresadas en la presente columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.

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