El fin de la virtud

Señor Director:

Tan errado como el pegajoso eslogan del fin al lucro en educación, es aquel que se ha instalado a propósito de la selección en el acceso a la misma. Diversos actores políticos y técnicos se han manifestado en contra de cualquier distinción en materias de educación, y desde ese campo se ha extendido a otros, como en los empleos, en los lugares que se visitan, etc.

Lo que se busca es sencillamente reforzar la idea de la igualdad material. A diferencia de la postura liberal que busca el tratamiento igualitario por parte de la ley –ojo, no del Estado ni de mis compatriotas, sino de la ley–, la izquierda chilensis insiste en embarcarse en un proyecto que históricamente no ha dado nunca buenos resultados. Y la causa de ese fracaso se resume en una frase de Hayek que ha sido citada en innumerables ocasiones: “Hay una gran diferencia en tratar a los hombres con igualdad e intentar hacerlos iguales” (Individualismo: el verdadero y el falso). El fin de la selección apunta precisamente a esto. Ya que sabemos que los hombres no son iguales y, por lo mismo, distintamente aptos para las a su vez diferentes funciones, la mejor manera de terminar con cualquier distinción es acabar con la selección. De este modo aunque usted no tenga dedos para el piano podrá dedicarse a su estudio, del mismo modo que un artista innato podrá estudiar contabilidad y finazas.

Se podrá objetar a mi argumento que la situación expuesta ocurre con regularidad. Muchas universidades –privadas y públicas– efectivamente aceptan a estudiantes sin aptitudes con tal de obtener un pago por sus servicios –el repugnante lucro–, y por lo mismo en los hechos quienes tienen los recursos pueden darse el lujo de desperdiciarlos en perseguir un anhelo, pese a no contar con las capacidades necesarias. Es así como se puede ver en muchas universidades a eternos estudiantes que buscan incansablemente su destino sin llegar a encontrarlo nunca –o casi nunca–. No obstante esto es irrelevante para el caso por dos motivos. Lo que se discute no es lo que hagan los ricos o dilapidadores con sus recursos personales, mientras que sí lo es establecer que es inmoral y económicamente reprochable el despilfarro de fondos públicos. Porque de eso se trata al final: terminar con la selección en un modelo de educación gratuito. ¿La calidad? Ya la veremos más adelante…

Como sea, al eliminar la selección en el ingreso a la educación –o en cualquier otro que la requiera– se logrará una igualdad –artificial– que por una simple presunción legal asumirá que todos podremos desempeñarnos con igual éxito en cualquier función. Es cierto que existen algunos casos en los que el entregar una oportunidad a alguien que se ubicaba fuera de los parámetros de selección ha dado buenos resultados, pero ¿es la regla general? ¿Merece una ley con carácter general y abstracto? Obviamente no. El mercado –es decir, los intercambios voluntarios– han demostrado que dichas aptitudes son regularmente detectadas e incluidas, sin la necesidad de una ley que nos obligue sin estudiar el caso particular.

El anhelo de poner fin a la selección no es nuevo. Los atenienses tenían un sistema rotativo por el cual “todos” –aunque no todos– los ciudadanos participaban activamente de la vida política –dejando a un lado a mujeres, esclavos, libertos, extranjeros, etc.– y en Roma cualquier ciudadano romano gozaba del ius honorarium, es decir, la facultad de presentarse a los cargos públicos delcursus honorum. Los ideales igualitaristas de la Revolución Francesa también buscaban una participación trasversal de los ciudadanos en la vida política, y pese al Terror, primó la idea de que había que educar primero e incluir después. Por ello las constituciones políticas de entonces –como La Pepa de 1812, o las chilenas desde 1822 en adelante– contemplaban un plazo para alfabetizar a a la población, al mismo tiempo que tras ese plazo se exigía el saber leer y escribir para poder ejercer la ciudadanía activa. Otras fórmulas –incluso propias del Antiguo Régimen y la Colonia– consistían en incluir en las decisiones políticas a ciudadanos mediante el mecanismo del sorteo –aunque en la práctica no eran tan aleatorios como se podría imaginar–. Este último mecanismo ha sido sugerido como válido por algunos de nuestros ilustrados locales como método adecuado para conformar una eventual Asamblea Constituyente.

Como sea, lo cierto es que la selección es necesaria. Tal y como se aprende en las primeras clases de Derecho en la universidad, la discriminación –o distinción– no es mala per se. Lo que no es tolerable es la discriminación arbitraria, esto es, aquella que es esencialmente injusta, como aquellas que no se basan en aptitudes objetivas, o bien se sustentan en opiniones caprichosas. Es así como aquellas distinciones que, por el contrario, se basan en criterios objetivos –por ejemplo, el no haber sido condenado previamente en el caso de los empleados públicos, o el no estar anotado en el Registro Nacional de Pedófilos en el caso de los parvularios (espero)– pueden ser toleradas. Y el Estado, para algunos medida de todas las cosas, es un actor que no escapa a esto último. Invito a cualquiera de ustedes a revisar los portales de Empleos Públicos o Alta Dirección Pública. En ellos se encontrará únicamente con procesos de selección. Los fondos de investigación científica, las bases de licitación, etc., son procesos de selección.

En consecuencia, la selección no es mala per se. Y del mismo modo en que la selección no es mala en otros campos, tampoco es mala en educación. El Estado de Derecho, que respeta la diversidad, debe precisamente aceptar las diferencias entre los ciudadanos. Y si alguna función le corresponde al Estado es la de velar por la calidad en la educación, único mecanismo que realmente asegura que pianistas y contadores, llegado el momento, puedan elegir libremente sus destinos.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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