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Dominga 7

Sin duda, el tema económico de los últimos días ha sido el rechazo del proyecto Dominga por parte del Comité de Ministros. Significará la pérdida de 10.000 puestos de trabajo durante su fase de construcción y de 2.500 plazas laborales permanentes luego de su puesta en marcha y, además, implicó la salida de todo el equipo económico. Como si fuera poco, La Moneda salió a corregir al recientemente nombrado titular de Economía por plantear la ‘hipótesis’ de que el proyecto podía volver a presentarse. La vocera de gobierno rápidamente aclaró que el tema estaba cerrado para esta administración.
 
El tiempo es el recurso más preciado que tenemos, y en economía, el tiempo perdido a raíz de malas políticas públicas tiene un alto costo. Los tres años en que por lo bajo Dominga se retrasaría en caso de que persevere, implican una reducción del 25% en el valor del proyecto. El mayor riesgo por la incertidumbre que significa volver a empezar puede traducirse en otro 20% de pérdida. Es decir, el rechazo si se revierte habrá costado el equivalente a un 45% del valor del proyecto, cuya inversión inicial era de US$2.500 millones.
 
A ese costo hay que añadir salarios o remuneraciones por servicios en el desarrollo del proyecto. Una alta cifra de valor agregado para la sociedad que debió contrastarse con la evaluación de los costos ambientales en caso de no haber quedado cubiertos por las medidas de mitigación. Esa información no está disponible para poder juzgar si la decisión de la autoridad fue la correcta o si fue simplemente un domingo siete.
 
“el desarrollo ayuda a la sustentabilidad, ya que permite financiarla.”
Quienes presenten impedimentos para que se emprendan proyectos por razones ambientales deben, también, cuantificar los costos y beneficios y comunicarlos en tiempo y forma, no solo a los miembros del Comité de Ministros, sino que a toda la ciudadanía. Las visiones apocalípticas de que todo es un riesgo para la humanidad no permiten discriminar entre lo que conviene y lo que no, produciendo una parálisis que dificulta la recuperación del necesario crecimiento. En las evaluaciones de proyectos, nuestro país debe cuantificar los efectos económicos de los requerimientos ambientales. El debate debiera centrarse en los datos de costos y beneficios concretos, y no en el blanco y negro de actos de fe.
 
En esta ecuación debemos, además, tener presente que las promesas asistencialistas colisionan indefectiblemente con el ‘límite de Laffer’, según el cual, luego de cierto nivel, alzas adicionales en las tasas de impuestos disminuyen la recaudación, evaporando el financiamiento de las promesas de educación gratis, mejores pensiones y salud para todos. Cuando se mata la ‘gallina de los huevos de oro’, dichas promesas son imposibles de cumplir y tampoco se puede financiar la sustentabilidad.
 
Paradojalmente, el crecimiento también es requisito para mejorar en temas ambientales, lo que hace evidente la necesidad de recuperar el equilibrio entre presente y futuro. Dado un cierto nivel de desarrollo, el incremento de la población trae aparejada mayor polución. Sin embargo, el progreso permite financiar tecnologías más amistosas con el medioambiente, junto con mayores gastos para controlar las emisiones y remediar la contaminación. En otras palabras: el desarrollo ayuda a la sustentabilidad, ya que permite financiarla.
 
La sustentabilidad implica que las mejoras en el nivel de vida actual perduren para que las futuras generaciones puedan disfrutarlas también. La caída de los precios de los hidrocarburos enseña que los recursos naturales no siempre reducen su abundancia. Los descubrimientos y las nuevas tecnologías resuelven la escasez. Hace 150 años, el economista Stanley Jevons advertía que el mundo se quedaría sin carbón. Difícil era imaginar a mediados del siglo XIX el descubrimiento de los yacimientos de petróleo, la energía nuclear, el shale gas, los paneles solares, entre otros.
 
La esperanza de vida al nacer, uno de los tres parámetros principales del índice de desarrollo humano de Naciones Unidas (los otros son PIB per cápita y escolaridad) ha aumentado notablemente durante los últimos 50 años en todo el mundo. Ello es un claro indicador de que no lo hemos hecho tan mal, como los agoreros del desastre ecológico suelen denunciar. Si incluimos lo que Becker llamaba ‘ingreso total’, que combina ingreso con esperanza de vida, el progreso es aun mayor, especialmente para los países menos desarrollados.
 
Así como nuestro nivel de vida supera al de nuestros padres y abuelos, es altamente probable que el de nuestros hijos y nietos sea mejor que el nuestro. En consecuencia, una exagerada priorización del medioambiente por sobre el desarrollo puede transformarse en el principal riesgo para que las futuras generaciones logren aventajar la calidad de vida de las actuales y ser la principal amenaza para la sustentabilidad.

Las opiniones expresadas en la presente columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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