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Derechos Humanos en serio

Karina Oliva Pérez, presidenta de Poder ciudadano, a quien conozco pues hemos compartido panel en radio, ha escrito una carta abierta al Frente Amplio donde invita a discutir de forma seria a propósito del debate sobre los Derechos Humanos. Tomando en cuenta esto, me parece necesario plantear algunas ideas y reflexiones al respecto.

Lo primero que llama la atención es el rechazo a una postura estándar con respecto a los Derechos Humanos pues eso implicaría, según Oliva, asumir que no hay ningún país que no viole tales derechos y que por tanto pueda dictar cátedra al respecto. Esa primera afirmación denota un problema metodológico con respecto a los Derechos Humanos que recorre toda la carta, pues se desconoce la perspectiva axiológica de los Derechos Humanos. Esto se traduce en afirmaciones como ‘creemos que meter en un mismo saco como procesos idénticos e iguales a Venezuela, Cuba y Nicaragua es un error grave’. Claramente ningún proceso político y social es idéntico a otro, pero eso no significa no poder juzgarlos en cuanto a su respeto a los DD.HH.

“Si hay algo que exige un estándar específico es la discusión con respecto a los DD.HH.”

Si hay algo que exige un estándar específico es la discusión con respecto a los DD.HH. La promoción y defensa de estos es una cuestión ética, de carácter axiológico que busca tener expresión práctica en el derecho positivo, sobre todo en cuanto a la relación entre ciudadanos y Estados. Tal manifestación, expresada en exigencias legales y políticas, está fundada en el estándar ético y jurídico desde el cual se desarrolla toda la doctrina de los DD.HH, la cual no depende de interpretaciones variadas en función de convicciones filosóficas particulares ni de los fines impulsados por quienes ejercen el poder político en un momento dado. Dicho estándar está unido, de forma inseparable, a la idea de libertad negativa y al respeto de derechos individuales fundamentales como la vida, la propiedad y las libertades de conciencia, asociación y movimiento. Por eso, se supone, no es correcto contextualizar el respeto a estos derechos pues tienen su raíz en derechos esenciales de las personas, que no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia. He ahí el problema de rechazar un estándar en cuanto a los Derechos Humanos, pues con eso tampoco tendría sentido discutir sobre justicia, igualdad, libertad o derechos de cualquier tipo. La carta de Karina Oliva no solo abre la puerta a la relativización, sino que pone en duda la honestidad de las críticas a cualquier supuesta contextualización, tan enarboladas en días recientes, cuando en el caso chileno se plantean perspectivas que buscan comprender, no la violación a los Derechos Humanos, sino la ruptura institucional y política en Chile.

Un segundo problema, derivado del explícito rechazo de un estándar con respecto a los DD. HH, es que se cae en el constante maniqueísmo de presumir que cualquier llamado de atención con respecto a la situación de éstos en ciertos países como Venezuela, Nicaragua o Cuba son una incitación al golpismo o al intervencionismo militar extranjero en esos lugares. Bajo esa lógica se desdeña de las diversas denuncias que hacen tanto organismos internacionales como organizaciones locales con respecto a la situación que se vive en dichos países. Por consiguiente, cualquier denuncia o crítica al accionar de gobiernos como los de Maduro u Ortega se consideran acciones espurias y son menospreciadas como simples falsedades, de forma similar a como ocurría durante la dictadura en Chile con respecto a las denuncias que hacían organismos como Amnesty. De esto mismo deriva la acostumbrada y superficial apelación a la controversial libre determinación de los pueblos como excusa para no referirse al atropello a los derechos humanos por parte de agentes estatales en ciertos países socialistas, tal como lo hace la diputada Camila Vallejo. Pero en ello se olvida, o se omite, que el respeto a los Derechos Humanos no es solo competencia de los Estados sino también de la comunidad internacional cuando los primeros los vulneran, tal como se plantea desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La libre determinación, que es considerada como un derecho humano para los pueblos, no puede significar la excusa para que un Estado, partido u organización, vulnere otros derechos en nombre de esos mismos pueblos.

En tercer lugar, debido al rechazo a un estándar, se ponderan los DD.HH. no en relación a patrones éticos universales sino en función de resultados expresados en servicios o provisiones prestados por el Estado, los que supuestamente permitirían determinar qué gobiernos o procesos políticos serían más democráticos y respetuosos de los Derechos Humanos. Al parecer acá existe una apelación utilitaria e instrumental pero también histórica, desde la cual se ponderaría un cierto criterio de evaluación en función de la existencia de eventuales avances sociales, los cuales demostrarían el mayor respeto a los Derechos Humanos de parte de ciertos regímenes y su mayor avance en relación a un supuesto devenir histórico progresista. Esa sería la perspectiva desde la cual la diputada Claudia Mix defendió ‘los profundos avances en democracia política y democracia social’ en Venezuela, mientras simultáneamente negaba las violaciones a los DD.HH. en dicho país.

Todos conocen los informes de Amnesty, Human Right Watch, las constantes denuncias de Luis Almagro, José Miguel Vivanco y otras tantas organizaciones como Foro Penal, como para ver que en los dichos de la diputada del Frente Amplio hay algo que no calza. Y no cuadra porque se olvida que la relación entre democracia y Derechos Humanos se sustenta esencialmente en el rechazo a formas violentas de acceder, monopolizar y ejercer el poder político, sobre todo con respecto a los opositores y adversarios. Así, la garantía de los llamados derechos sociales o el consagrar la felicidad en la constitución, no son razón suficiente para definir como democrático un sistema político y menos para considerarlo paladín de los DD.HH. Que ciertas naciones tengan consagrados en el papel ciertos derechos o que tengan a un número importante de sus ciudadanos recibiendo ayuda del asistencialismo estatal, no necesariamente las hacen modelo de países democráticos. Sobre todo, cuando al mismo tiempo se vulneran o restringen bienes jurídicos esenciales. Es decir, tanto en los dichos de Claudia Mix como en la carta de Karina Oliva, se confunde el plano en que los DD. HH toman plena efectividad de parte del estado.

“Que ciertas naciones tengan consagrados en el papel ciertos derechos o que tengan a un número importante de sus ciudadanos recibiendo ayuda del asistencialismo estatal, no necesariamente las hacen modelo de países democráticos.”

Lo anterior, se ve claramente reflejado cuando, en su carta, Karina Oliva relaciona el respeto a los DD.HH. con la satisfacción o existencia de ciertos derechos sociales específicos, a la vez que desdeñe del pluralismo político, por considerarlo una exigencia eminentemente liberal. Como no considera el plano ético, no ve contradicción entre la idea de democracia y el monopartidismo que se arroga la representación de las mayorías, tal como ocurre en Cuba o China, obviando que la democracia no implica la supresión de los adversarios sino la coexistencia pacífica entre mayorías y minorías circunstanciales que además tienen la posibilidad de desafiar, por vía democrática, a quienes ejercen el poder político en un momento dado. Esa es la condición que hace de la democracia un sistema siempre perfectible y el menos malo de los regímenes, pues permite que la diversidad de concepciones sobre lo justo se ponga en abierta disputa, resguardando a las minorías y permitiendo la permanente disputa del poder político. Eso es muy distinto a la autocracia, donde efectivamente el pluralismo es rechazado en favor de una supuesta superioridad del líder o de una nomenclatura partidaria.

Si hay una lección que debemos asumir, es que la defensa y promoción de los DD.HH. no tiene que ver con proyectos políticos específicos ni con fines ideológicos o sociales específicos sino con el resguardo de los derechos individuales de las personas frente a las acciones de los estados, sean democracias plenas, en crisis o sistemas autoritarios. No se trata de dar lecciones de unos países a otros como erróneamente se plantea, sino que es una cuestión ética de índole transversal que se asume, entre otras cosas, mirando las experiencias pasadas en Chile y el resto del mundo. Esto implica evaluar las bases ideológicas desde las cuales se plantean posturas políticas en sentido teórico y práctico. Es decir, implica cuestionar lo que, al parecer, el Frente Amplio y parte de la izquierda chilena se niegan a hacer: cuestionar los procesos políticos y sociales que la izquierda ha impulsado, sobre todo en nombre del socialismo, en el siglo XX y XXI.

 

Imagen: Caracas sangrante. 1996. Autor: Nelson Garrido

 

Las opiniones expresadas en la presente columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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