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Crisis subprime y bien común

Antes de celebrar, algunas desgracias hay que recordar. Esta semana, una antes de nuestras Fiestas Patrias, se cumplen 44 años del golpe de Estado, 16 años del atentado contra las Torres Gemelas y poco más de 13 años de las bombas en la estación de Atocha, en Madrid. Hay, sin embargo, una excepción: este viernes se cumplen también diez años desde que el gobierno de Estados Unidos no rescató la quiebra de Lehman Brothers. Y eso hay que celebrarlo, porque fue el único gran banco que se dejó caer y cuyas pérdidas, por lo tanto, las sufrieron sus dueños y relacionados, y no los ciudadanos —quienes tuvieron y tendrán que pagarlas con sus impuestos e inflación—. Es, además, una política sensata si en el largo plazo se quieren evitar las crisis: que los bancos asuman sus pérdidas, de manera que cada uno se haga responsable de dónde guardar sus ahorros y los banqueros, bonos bajo el brazo, no esperen gritar socorro.

Ahora, ¿por qué Lehman Brothers y muchos otros bancos compraron activos que valían menos de lo que ellos creían, lo que finalmente hizo estallar la crisis? Porque eran hipotecas otorgadas por otros bancos a personas que, pocos sabían, no podían pagarlas. ¿Pero por qué entonces bancos dieron hipotecas a gente que no podía pagarlas? Porque les daba lo mismo, ya que el Estado se las compraba y se llevaba el riesgo: lo hacía comprándolas directamente a través de Ginnie Mae, e indirectamente, a través de subsidios y avales que les daba a Freddie Mac y Fannie Mae. Estas agencias compraban las hipotecas, quedándose con el riesgo, para luego, otra vez, introducirlo al mercado a través de derivados. Es decir, el Estado generó una demanda artificial que, por definición entonces, no existía: la famosa burbuja. En teoría lo hacía por «el bien común», para que más personas accedieran al sueño de la casa propia.

Es el mismo pretexto utilizado en el Chile del siglo XIX, como relatan las crónicas de Courcelle-Seneuil, para excluir a las mujeres del trabajo al invocar «con una hipocresía demasiado ordinaria, la defensa de los intereses colectivos, el orden público, la filantropía y la moralidad». Es decir, el mismo «régimen de lo público», hoy tan de moda, que nos lleva a recordar otro aniversario: este 2017 se cumplen diez años desde que los primeros alumnos de Criminalística se graduaban de la LITEM, la estatal (sí, estatal) Universidad Tecnológica Metropolitana, y, al mismo tiempo, se daban cuenta de que su carrera no podía ser ejercida. Cinco años a la basura por la carrera que la universidad del Estado había artificialmente creado. Otra burbuja, más chica, pero no menor. ¿Intervención o desregulación?

Las opiniones expresadas en la presente columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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